SERVICIOS UAH

30 de mayo 2018


La Universidad Alberto Hurtado no sacrificará la calidad por la inclusión

Rector de la UAH Eduardo Silva SJ se refirió a los aportes de la nueva Ley de Educación Superior y a la continuidad de la institución en la gratuidad, decisión que deberá tomar en un plazo de 60 días.  

En un artículo publicado por el diario La Tercera el Rector de la UAH reconoció la contribución de la nueva Ley de Educación Superior “Los aportes son valiosos: la valoración de la educación como un derecho social que se vuelve asequible gracias a la gratuidad, créditos y becas; el reconocimiento de la heterogeneidad del sistema y la provisión mixta; abrir el Cruch a toda universidad que acredite su complejidad y cumpla con las ocho exigencias que la ley establece; la dotación de una institucionalidad más robusta con la subsecretaría y la superintendencia, etc. Al mismo tiempo, deberemos ser capaces de superar sus límites al implementarla¡ evitar que las nuevas regulaciones ahoguen la imprescindible autonomía; mejorar los mecanismos de acreditación y aseguramiento de la calidad; impedir que la gratuidad deteriore a las universidades que se adscriban a ella; financiar la investigación con aportes basales, etc.

El sacerdote jesuita admitió que la universidad es uno de los planteles más afectados por la política de gratuidad y que la continuidad o no en el sistema no será una decisión fácil. “La política de gratuidad beneficia a muchos jóvenes talentosos que sin ella no podrían acceder a la educación superior. Pero en su actual estado es inviable tanto para el país (que debe atender también otras urgencias) como para las universidades complejas (con investigación y doctorados) que se adscriben a ella. La Universidad Alberto Hurtado no sacrificará la calidad por la inclusión, pues hacerlo sería una falsa promesa de inclusión. Creemos que hay todavía mucho espacio para hacer viable la gratuidad (aranceles regulados diferenciados, aportes compensatorios, aportes basales etc.). Por ahora, confiamos en esas mejoras al implementar la ley, y dados los beneficios, una decisión de esta envergadura requiere de un trabajo que va mucho más allá de la estimación del impacto financiero.

Ingresar, mantenerse o salirse de la gratuidad impacta en el conjunto del proyecto universitario y, por ello, requiere de la discusión y participación de toda la comunidad…”.

Ver noticia completa en La Tercera