La clausura del Parlamento venezolano no fue especialmente elegante. Tampoco lo ha sido el que en forma inveterada el gobernante de la nación más poderosa del mundo haya mentido a vista y paciencia de una ciudadanía cuya mayoría ni siquiera votó por él. La democracia suena bien a todos los oídos.
En nombre de ella se derrocó a Dilma y su principal acusador ha sido sentenciado a quince años de cárcel, digámoslo sin eufemismos, por sinvergüenza. Pero Djilma, libre de toda las acusaciones que se le hicieron, ya no está en el gobierno, y los impacientes acusadores de Maduro al respecto siguen muy pacientes.
En Paraguay el Congreso está rodeado de fuego y de una poblada que no entiende el juego de una democracia en la que, a puertas cerradas, en la cocina, se acuerda reinstalar en el gobierno a uno de los suyos. “Todo fue legal,” afirma el Senador Carlos Filizzola, de la coalición izquierdista del Frente Guasu”, coalición que apoya la enmieda constitucional como un medio de permitir a Lugo volver al gobierno. “Lugo”, señala una lacónica Aljazeera, “fue removido del poder en 2012, en medio de un escándalo provocado por una disputa de tierra”. El Senador Galaverna, según la radio ABC Cardinal, sostiene que corrió dinero para senadores de ese frente, quienes no titubearon en ponerse al servicio de las ambiciones personales de Lugo.
En Chile la democracia es profunda para quienes viven en las azoteas de la ciudad de Santiago mientras que en el sur una mujer mapuche pare engrillada. Sorprende la voz del Relator Anaya sobre los ciclos de violencia que asolan a la Araucanía. La ocupación de Arauco, en realidad, nunca acabó, y la democracia chilena no lo fue para los Mapuche – como tampoco lo ha sido para los Rapa Nui ni lo hubiera sido, si los hubiesen dejado existir, para los Kaweskar, Aónikenk, o Selknam. Ha poco, de hecho, se denunciaba el decomiso de siete kilos de ostiones a un grupo de ancianos Kaweskar de Puerto Edén. ¡Siete kilos de ostiones!
Son curiosas estas democracias que convienen a quien las defiende y condena a quienes poder no tienen para hacerlo. Son convenientes cuando se acusa de intervención foránea quienes han intervenido alentado a las partes en Venezuela y más convienen si se hace a través de asesorías bien remuneradas.
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