Durante el mes de octubre, el rector Eduardo Silva SJ, expuso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, su visión sobre la Reforma a la Educación Superior. En una serie de entrevistas, artículos y columnas ha insistido en cuatro aspectos fundamentales: una regulación adecuada, el fortalecimiento de la educación pública, el financiamiento de las instituciones y una manera de hacer viable la promesa de gratuidad universal.
1. Frente a la desregulación del sistema y la necesidad de mayor control y fiscalización es fundamental que las regulaciones no sean excesivas –y algunas lo son– y no atenten contra la autonomía de las instituciones.
2. Para fortalecer la educación pública, además de conceder un trato preferencial a las universidades estatales, hay que reconocer la existencia de universidades públicas no estatales. Que lo público no es sinónimo de lo estatal, lo demuestran tanto las universidades tradicionales del G9, como las que naciendo después del año 1981 tienen estándares de calidad e inclusión análogos.
3. Para las universidades de calidad, que se ocupan de la investigación y la producción de otros bienes públicos, además de la docencia, es fundamental que existan otros fondos, basales y concursables. Más aún si son ellas las que por su carácter público e inclusivo se acogerán a la política de gratuidad con aranceles regulados que no cubren esos aportes.
4. Para hacer efectiva la promesa de gratuidad universal son necesarias dos modificaciones. Primero, abandonar la pretensión que todo el gasto privado en Educación Superior sea reemplazado por gasto público. Como la formación de un profesional es un bien para el país y también un beneficio personal, es de justicia que el beneficiado retribuya por la profesión recibida, sea por un impuesto a los graduados o mediante un crédito solidario. Ambos contingentes al ingreso, liberando a los sueldos más bajos y gravando con alguna proporción a los más altos. Segundo, como se trata de una política pública y de la consagración de un derecho, todas las universidades que cumplen con los requisitos para poder recibir estudiantes en gratuidad deben recibirlos: no pueden cerrar sus puertas a alumnos talentosos que el país está financiando. Solo así será posible que universidades de calidad que hoy solo son accesibles para la elite económica, sean lugares de integración e inclusión.