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10 de Diciembre 2015


Comportamiento ético: papel tissue, fútbol y política

Tal como ocurrió en casos como el de los “pollos” o “farmacias”, se trató de artículos de primera necesidad, todos estos considerados en la canasta básica de alimentos para calcular el IPC. Desde el punto de vista de los ejecutivos, ¿bastará con colaborar para evitar irse preso? Desde el punto de vista de las familias, ¿qué sienten al saber que sus ingresos familiares eran menores porque un grupo reducido de personas, en distintas industrias, acordaban fijarle el precio a lo que compraban cada mes sin respetar el principio de la libre competencia? Ni Adam Smith en el siglo XVIII lo toleraría, ni tampoco nosotros en el siglo XXI.

Por: Andrés Suárez, Observatorio Latinoamericano de Finanzas Universidad Alberto Hurtado. Columna publicada en El Mostrador.

Andrés Suarez, Observatorio Latinoamericano de Finanzas UAH.

Resultaba casi de mal gusto hablar de la crisis ética, económica y legal en la industria del papel tissue. El tissue vino a formar parte del argot en conversaciones y análisis de todo tipo desde el 28 de octubre, cuando supimos que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión de las empresas CMPC Tissue y SCA (ex Pisa) en este mercado. Los altos ejecutivos de ambas compañías, una chilena y la otra sueca, acordaron asignarse cuotas de participación de mercado y fijar precios de venta de sus productos de esta industria, desde el 2000 hasta a lo menos 2011. Solo en 2013, CMPC ocupó el 75% del mercado y SCA el 11%. En ese mismo año, las compañías obtuvieron ingresos por 363 y 55 millones de dólares, respectivamente.

Ambas empresas cuentan con todos los requerimientos mínimos de las grandes compañías multinacionales en materias de comunicación de sus prácticas de sustentabilidad económica, social y ambiental: reportes integrados, certificaciones, guías de comportamiento ético. CMPC cuenta, asimismo, con un código de conducta que consigna el principio de la lealtad al competir, que afirma que la empresa “CMPC valora la libre competencia como la esencia de la economía de mercado, ya que favorece el desarrollo de más y mejores productos y servicios, a menor precio para los consumidores”.

Otro código ético, el Manual de Libre Competencia, detalla en 20 páginas sus contenidos y afirma que “la libre competencia es uno de los pilares del sistema económico de mercado”, y que es “ilícito acordar o cooperar con la competencia, de cualquier forma que sea, para fijar o estabilizar precios u otras condiciones comerciales”. Este manual es muy taxativo en este punto y resalta 3 temas de relevancia para CMPC: a) no debe determinar conjuntamente con su competencia precios de compra o venta, como tampoco precios máximos o mínimos, rangos de precios o incremento de precios; b) no debe negociar, discutir o intercambiar información con sus competidores en relación con precios, costos, condiciones comerciales u otros aspectos de negocios; c) no debe acordar ni discutir con sus competidores temas que, incluso indirectamente, puedan influir o afectar los precios.

Sin embargo, los altos ejecutivos hicieron todo lo contrario. El modus operandi cambiaba según el contexto. A través de reuniones en lugares diferentes a los de los edificios corporativos, mensajes electrónicos en clave y con alias en lugar de sus nombres verdaderos, contactos por celulares de prepago –medida tomada luego de conocerse otros casos de colusión advertidos por las instituciones de regulación y fiscalización– y documentos entregados por mano en los domicilios de estos gerentes –sobres en formato de parte de matrimonio–, fueron supervisados regularmente los canales de distribución y las listas de precios.

El oficio de la FNE para investigar el caso comenzó en diciembre de 2014 y, para evitar sanciones, CMPC pidió acogerse al programa de delación compensada, es decir, cuando empresas que han incurrido en colusión, colaborando con la FNE, solicitan exención o reducción de la multa que les correspondería por el ilícito, uno de los “más nocivos y graves para la competencia en los mercados”, según señala la “guía interna sobre beneficios de exención y reducción de multas en casos de colusión” de la FNC, de 2009. CMPC reconoció, por ejemplo, haber lanzado un computador a las aguas del canal San Carlos en Santiago para ocultar sus prácticas.

Tal como ocurrió en casos como el de los “pollos” o “farmacias”, se trató de artículos de primera necesidad, todos estos considerados en la canasta básica de alimentos para calcular el IPC. Desde el punto de vista de los ejecutivos, ¿bastará con colaborar para evitar irse preso? Desde el punto de vista de las familias, ¿qué sienten al saber que sus ingresos familiares eran menores porque un grupo reducido de personas, en distintas industrias, acordaban fijarle el precio a lo que compraban cada mes sin respetar el principio de la libre competencia? Ni Adam Smith en el siglo XVIII lo toleraría, ni tampoco nosotros en el siglo XXI.

Casi un mes después del caso anterior, Sergio Jadue, de 34 años, voló hacia Estados Unidos para colaborar con la justicia. La investigación llevada a cabo en este país acusa a los dirigentes de la Conmebol, asociación que reúne a las federaciones de fútbol en los países de Sudamérica, de haber acordado pagar unos 100 millones de dólares en coimas a diversos actores para obtener los derechos de la Copa América hasta 2023. La revista Qué Pasa también nos informó que el señor Jadue “había creado durante su mandato un vehículo jurídico conocido en el mundo financiero como sociedades offshore en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, desde donde manejaba hasta hace poco grandes sumas de dinero. Las operaciones fueron realizadas a través de Amicorp, una empresa dedicada a las asesorías de inversiones”. Al subirse al avión, pocos días antes de que conociéramos este hecho, el ex dirigente solo afirmó irse de vacaciones con su familia a Estados Unidos.

¿Qué nos dicen estos casos que merodean en el ambiente de los negocios?, ¿hay alguna relación? Pues sí. Chile califica entre los mejor rankeados en los barómetros de corrupción de América Latina desde hace varios años y por diferentes instituciones. Somos un país poco corrupto, pero esto parece ir convirtiéndose en mero espejismo.

Cabe señalar que la corrupción no es pública ni privada. Es más, se observa cierta connivencia pública-privada, por ejemplo, en los pagos a políticos por parte de empresas privadas que hemos conocido este año. Quizás el hecho que más le duela a la democracia, en este último caso, sea el de los aportes del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, quien financió campañas de políticos de derecha e izquierda. El colapso de Banco Penta fue rápido, por casi la misma situación.

Todo se resume en prácticas de comportamiento inmoral. Quienes dirigen organizaciones no son éticos, no quieren serlo, ¿o no percibirán la necesidad de discernir éticamente? Si bien la ley no es siempre moral, nos queda esperar que sancione. Pero el control cívico también debe hacerse presente. No podemos esperar un país grande a partir de un prestigio moral que se diluye, día a día.