Frente al pesimismo por la reforma a la educación superior, la indicación sustitutiva que está preparando el Ministerio de Educación puede ser una oportunidad para mejorar los tres ejes fundamentales de esta: una regulación adecuada, el fortalecimiento de la educación pública y el financiamiento de las instituciones y los estudiantes.
Para lo primero se necesita sabiduría práctica. Frente a la desregulación del sistema se aboga por su control y fiscalización. Pero si las regulaciones propuestas son excesivas -y algunas lo son-, se justifica el temor de que se atente contra la autonomía que las universidades requieren. Las atribuciones de la Subsecretaría, de la Superintendencia y del Consejo para la Calidad no pueden ahogar a las instituciones de educación superior.
Para lo segundo, el fortalecimiento de la educación pública, se requiere además un concepto de universidad y el reconocimiento de la heterogeneidad de nuestro sistema. El actual proyecto concede el trato preferencial que merecen las universidades estatales, pero no reconoce la existencia de universidades públicas no estatales, además de las privadas dedicadas fundamentalmente a la docencia de pregrado. Aquí, la indicación sustitutiva puede reconocer el rol público tanto a las universidades tradicionales del G9 como a las que naciendo después de 1981 tienen estándares de calidad e inclusión análogos. El reconocimiento de este segundo subsistema permitirá, además, que estas instituciones de calidad puedan acoger la política de gratuidad.Dado que el arancel regulado solo permite cubrir los costos de docencia, es fundamental que existan otros fondos -aportes basales y concursables- destinados a investigación, innovación, infraestructura y otros bienes públicos.
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