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14 de Abril 2015


Decano de Derecho expuso ante el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción

Rafael Blanco presentó un conjunto de propuestas que han estado siendo discutidas por académicos e investigadores de Derecho UAH.

Rafael Blanco, Decano de la Facultad de Derecho, y Esteban Valenzuela, Director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado, expusieron en la audiencia pública del viernes 10 de abril de 2015 ante el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.

El profesor Blanco presentó un conjunto de propuestas que han estado siendo discutidas por académicos e investigadores de Derecho UAH, entre las cuales cabe destacar la necesidad de reformar el marco normativo sobre partidos políticos, el financiamiento de las campañas electorales, las medidas fiscalizadoras por parte del Estado y el régimen sancionatorio aplicable. Además, propuso un conjunto de reformas a la legislación penal y a las tareas de persecución penal encaminadas a prevenir y sancionar actos de corrupción y otros ilícitos de similar gravedad, en consideración de estándares fijados en la legislación internacional y experiencias comparadas. En tercer lugar, planteó la conveniencia de reforzar los principios de transparencia y probidad en el ordenamiento jurídico, elevando los estándares éticos que deben cumplir quienes se desempeñan tanto en organismos públicos como en instituciones de la sociedad civil. Finalmente, argumentó a favor del establecimiento de mecanismos institucionales de accountability o control por parte de los organismos reguladores.

Dentro de los próximos días la Facultad de Derecho presentará el documento “Anticorrupción, Transparencia y Probidad”, donde se explica el detalle de cada una de las propuestas que serán sometidas a debate público. Este conjunto de medidas debería contribuir a modificar la regulación vigente sobre la actividad política y, de esa manera, transparentar la relación entre dinero y política en nuestro país