El viernes recién pasado, la Presidenta Michelle Bachelet recibió en una ceremonia en La Moneda la propuesta final del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, que durante 45 días elaboró 260 medidas en materia de probidad, tráfico de influencias, conflictos de interés y corrupción en la política. Este martes, en cadena nacional, la mandataria dio a conocer el proyecto encabezado por el economista Eduardo Engel y que – entre otras cosas – propone la eliminación del financiamiento por parte de empresas a campañas políticas.
78 organizaciones e instituciones tuvieron la iniciativa de colaborar con el consejo asesor. Fundaciones, partidos políticos, universidades y centros de estudios fueron escuchados por los 16 integrantes de la comisión con la idea de incorporar las propuestas en el texto final. La Facultad de Derecho de la UAH conformó un grupo de expertos y elaboró un informe que fue expuesto y entregado al consejo formal. El decano Rafael Blanco lideró esta iniciativa. “Cuando los problemas de percepción ciudadana sobre la corrupción comienzan a generar un resquebrajamiento de la confianza en las instituciones, me parece que una Escuela de Derecho no puede restarse a ser parte de la solución”.
¿Cómo se gesta la iniciativa? ¿Va en la línea de la facultad?
La idea de una comisión de trabajo para analizar y proponer medidas para mejorar los problemas de probidad y transparencia nace porque es una línea de investigación que han desarrollado varios de nuestros profesores. Muchos de estos académicos han estado involucrados en estos temas por sus quehaceres profesionales. Nos pareció que reunirlos era un aporte a la construcción de políticas públicas.
Estos temas forman parte del ethos de nuestra facultad, en lo que se refiere a la construcción de una institucionalidad sólida en materia de Derecho y Justicia y la consolidación del estado de Derecho. Cuando los problemas de percepción ciudadana sobre la corrupción comienzan a generar un resquebrajamiento de la confianza en las instituciones, me parece que una Escuela de Derecho no puede restarse a ser parte de la solución. Nos inspira el problema y la búsqueda de solución porque además creemos que podemos hacer un aporte por las trayectorias profesionales de los integrantes.
¿Cuál es la propuesta de la Facultad de Derecho?
Lo que se plantea la propuesta es que no es posible consolidar una democracia con bajos niveles de confianza ciudadana en el funcionamiento de sus instituciones. En segundo lugar, hay que hacerse cargo de las deficiencias que han existido por años y que coexisten con una ciudadanía menos tolerante a los defectos, maltratos y problemas que supone correcciones muy de fondo. Algunas de esas demandas son históricas, otras más recientes, pero ellas se dan en un contexto de desgaste de instituciones y de creación de nuevas para recuperar niveles de confianza ciudadana en el Estado, en el mundo de lo público y en el sistema político.
Acá también hay dos dimensiones: una tiene que ver con la forma de prevenir los casos de corrupción y otra es cómo combatirlo, perseguirlo y sancionarlo. Hay un elemento de prevención y otro de sanción y control. Es una propuesta bastante equilibrada entre lo público y lo privado y entre lo preventivo y lo sancionador.
¿Ha habido avances en Chile en materia de transparencia y probidad?
Desde la creación del Consejo para la Transparencia (agosto 2008) Chile tiene distintas velocidades y distintas exigencias para los poderes del Estado. El CPLT ha funcionado bien. Hay un alto nivel de consenso en los aportes que ha realizado en transparencia activa y pasiva. Pero todo eso ha obligado fundamentalmente al Poder Ejecutivo. Lo que estamos proponiendo es que el CPLT se transforme en un órgano constitucional con más poder y una tuición sobre los tres poderes del Estado que los someta a estándares altos de exigencia, o bien, que se creen dentro de los tres poderes del Estado comisiones internas e independientes para resolver los problemas de probidad.
También en materia de probidad también hay que instalar una oficina – con bastante poder – que dote al Estado, especialmente al poder ejecutivo, de la capacidad de resolver los problemas conflictos de intereses que se producen. Hay que generar criterios o estándares más claros para que los funcionarios públicos sepan cómo enfrentar un conflicto de interés, en un proceso licitatorio, de adjudicación o frente a invitaciones del mundo privado. Se requieren capacitaciones e inducciones. En Estados Unidos eso se llama U.S. Office of Government Ethics (Oficina gubernamental de ética) y funciona con capacitaciones, resolviendo problemas y generando estándares.
¿Relación entre política y dinero?
Uno de los problemas graves es la relación entre la política y el dinero. ¿Cómo resolvemos eso? Fortalecer la fiscalización del aparato público, por ejemplo con el financiamiento de campañas y lo que creemos nosotros fundamental, el financiamiento de los partidos políticos. Eso supone tomar la decisión, muchas veces incomprendida y es que con el aporte de todos los chilenos se financien los partidos. Eso es elemental en una democracia. Hay muchas experiencias de democracias modernas y que funcionan muy bien, desde la alemana hacia abajo, donde lo que se demuestra es que el financiamiento de la política puede ser de dos maneras: pública o privada.
Estamos en contra del financiamiento de personas jurídicas en el ámbito de los partidos y las campañas electorales, por lo tanto creemos que ese aporte debe ser de personas naturales y además distinguiendo entre aportes público s y anónimos. También es sano en una democracia permitir que hayan donaciones anónimas pero con límites máximos en términos de montos. Nos parece necesaria una superintendencia con capacidad fiscalizadora, cuestión que actualmente el Servicio Electoral no tiene.
¿Qué pasa con las sanciones?
Probablemente hay que revisar la estructura de algunos tipos penales, crear nuevos tipos penales para situaciones que no están reguladas y discutir los aumentos de pena que permitan que las sanciones vayan aparejadas con la expectativa que muchas veces se tiene frente al valor que tiene una determinada acción. En ocasiones, las sanciones no se corresponden con la gravedad del ilícito y con el impacto que se genera en el sistema democrático.
Hay que mejorar los mecanismos de persecución penal. El Ministerio Público hace esfuerzos enormes por perseguir delitos complejos, pero que requieren no sólo del conocimiento jurídico, sino que también de contadores, de personas que manejen elementos estadísticos y de finanzas y eso es un trabajo interdisciplinario que difícilmente logra hoy estructurar la Fiscalía. Se requiere capacitar a esos abogados, de modo que puedan enfrentar la persecución penal con una lógica estratégica y sepan entender la configuración de los delitos para poder atacarlos. Son delitos que requieren de un enfoque multidisciplinario: hay que dotar al Ministerio Público de esas herramientas que hoy no tiene.