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Decálogo de razones de una gran derrota

Gonzalo García P., académico de la Facultad de Derecho y codirector de Núcleo Constitucional, escribió para Ciper la columna Decálogo de razones de una gran derrota, en la que entregó 10 ideas de posibles causas del fracaso del proceso y 10 consideraciones de cara al nuevo proceso que reduzcan la incertidumbre. Sobre este punto señaló, por ejemplo: «Debe haber un acuerdo sustantivo sobre temas indígenas que partan de la exclusión de la noción de plurinacionalidad y no existe tiempo para una consulta indígena al texto constitucional. Deberían mantenerse los escaños reservados o una expresión de estos».

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Fuente: Ciper Chile

 A riesgo de ensayo y error, hay que encarar las razones del fracaso porque se comienza de nuevo, pero no exactamente igual. Advierto que una parte de los argumentos cabales los desconocemos, porque aún se requiere de una autocrítica que debe provenir directamente de los convencionales, y que les ha costado enunciar (además, el propio proceso los expurgó del sistema pues quedan inhabilitados de participar de un nuevo proceso). También es interesante el aporte de personas que trabajaron en la Convención y cuya mirada ofrece una perspectiva diferente [ver «Continuar con el proceso constituyente: siete bases para un nuevo intento», en CIPER 07.09.2022].

El conjunto de razones se refiere al proceso; a su metodología, a su texto, a sus provocaciones y énfasis polémicos. Otra parte es enteramente externa, o se despliega en el ámbito de no haber leído el escenario electoral sobre el cual se desarrollaba el plebiscito de salida. Lo que sigue son diez razones que hasta ahora pueden distinguirse como causas de un proceso fallido, y que permiten acentuar aquellas cosas por mejorar. Partimos de la base de que debe realizarse una nueva Convención, con reglas diferentes, si bien la tentación de abandonarla por el fracaso de la anterior puede costar muy caro.

(1) LA METODOLOGÍA: La Convención Constitucional (CC) se fragmentó antes de tiempo al dividirse en ocho comisiones temáticas superpuestas (Comisión Indígena, de Conocimientos, de Medio Ambiente y Economía, entre otras) que terminaron compitiendo entre sí, sin generar instancias de aprobación en general para la propuesta, ni de examen pormenorizado de normas; y agotando así los tiempos de un modo que impidió una auténtica deliberación.

(2) LA PARTICIPACIÓN: La CC promovió ingeniosamente un proceso inédito de participación popular y llegó mucho más allá de lo que se tenga memoria, al habilitar las iniciativas populares de norma. Participó mucha gente diversa del país. Sin embargo, el resultado de esta experiencia es otra frustración, pues no logró identificar con claridad cuál fue el resultado de ese proceso. Deberíamos saber qué normas la ciudadanía hizo propias y qué ideas fueron promovidas por ella misma. Incluso, parece ser que el mal manejo sobre una de esas iniciativas fue central en el avance del Rechazo [ver «Los cuatro días clave…», en CIPER 05.09.2022]. Al respecto, no vale que tales iniciativas hayan sido reformuladas por la Convención, lo que aconteció ampliamente, sino que faltó oxigeno popular para la propuesta.

(3) ORGANIZACIÓN INTERNA: La Ley N° 21.200 promovió desde el inicio una Secretaría Técnica (art. 133, inc. 6º) que habilitaba la idea de una colaboración activa de expertos. En la dimensión colegiada y, con el auxilio de las Cámaras, se contó con el personal idóneo para realizar el trabajo predeliberativo. Solo cabe calificar como brillante lo realizado por John Smok y equipo. Sin embargo, no existió la organización de un ámbito constitucionalista experto que preparara materiales, contrastara información e indagara fuentes. Los convencionales estimaron que podían propiciárselos por sí mismos. Las pocas ONG o juristas internacionales que pudieron participar dan cuenta de las dificultades de su trabajo. Faltó oxígeno técnico, o éste no fue oído en la propuesta…

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