La II Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J se inauguró con una cifra grave: “En Chile el 47% de los casos de denuncia por delitos perpetrados por agentes del Estado fueron cerrados sin investigación. Esto internacionalmente se conoce como impunidad”. La frase es de la investigadora de derechos humanos de Londres 38 Espacio de Memorias y abogada, Karinna Fernández, en el segundo foro panel “Justicia, registro y derechos humanos”.
Marcela Ruiz, investigadora del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado.
Marcela Ruiz, investigadora del proyecto “Political technologies of memory: contemporary uses and appropriations of past human rights violations registry devices” (ANID PIA SOC180005) y también integrante del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, cuenta que en esta versión se quiso instalar la reflexión en torno a la impunidad de lo que sucedió en la vulneración de los derechos fundamentales de octubre del 2019, responder por qué lo que pasó puso en riesgo la democracia y analizar las implicancias teóricas y prácticas de lo que viene en el Proceso Constituyente.
Según la académica, este año, sin duda, “la violación a los derechos humanos cometidas durante y después de la revuelta puso de relieve la importancia de fortalecer las garantías de no repetición, así como la dolorosa constatación de que las prácticas del pasado aún persisten, cuyas huellas indelebles socavan el tejido social e impactan profundamente la vida de las personas y de las generaciones posteriores”, sostuvo.
La lógica del “enemigo interno”
Para la investigadora, cuando se rompe el pacto social con la ciudadanía, las consecuencias no solo dañan las bases de la democracia, sino también instalan la lógica del “enemigo interno” como un modo de relación con la ciudadanía.
“La ausencia de un sistema de garantía de derechos genera diversos sentimientos y acciones, por ejemplo, el sentimiento de desconfianza, inseguridad, miedo, tristeza, deslegitimación de la autoridad”, señaló.
En consecuencia, surgen, inevitablemente con mucha fuerza, preguntas asociadas con la memoria de la violación de los derechos humanos, tales como: ¿Qué aprendizajes del pasado estuvieron y están en juego en este contexto?, ¿De qué manera se registraron y denunciaron las violaciones a los derechos humanos?, ¿Cómo se exponen los registros de la represión en la ciudad, en los entornos virtuales y medios de comunicación?, ¿Qué usos de los registros sobre la represión persisten y cuáles son los nuevos que están emergiendo?, ¿Qué rol tienen los registros en las denuncias judiciales y en la lucha contra la impunidad?, ¿A la luz de nuestra experiencia pasada cuál es la reparación posible para aquellos que fueron víctimas de la represión?
Frente a los atropellos a los derechos humanos ¿usted cree que los chilenos debemos exigir saber lo que ocurrió en Chile esa noche del 18 de octubre cuando se sacaron a los militares a la calle y se instaló el toque de queda?
-Una condición de la vida democrática que permite regular el ejercicio del poder y sus posibles abusos es garantizar el acceso a la información de calidad, de forma plural e independiente. Estas condiciones se ponen en entredicho o se deterioran profundamente cuando se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sin embargo, es fundamental restituirlas, ya que permiten a la ciudadanía articular un relato colectivo y la memoria sobre la verdad de lo sucedido. Para una sociedad esclarecer los hechos es un acto que permite abordar lo sucedido para contrarrestar la alternativa del silencio, el olvido e impunidad, que surge como una opción que ayudaría a mantener la tranquilidad de la convivencia social. No obstante, dada la magnitud de las consecuencias psico-sociales de las violaciones a los derechos humanos, como nos enseña nuestra propia historia y la de Latinoamérica, el derecho a la verdad es una columna vertebral de la mano de la justica y de la lucha contra la impunidad contribuye a la no repetición.
-En uno de los foros de la II Cátedra el fotógrafo Álvaro Hoppe habló de la ética a la hora de publicar la cantidad de imágenes disponibles a través de los dispositivos. Según usted: ¿Qué límites se deben establecer?-
-La publicación en redes sociales de registro audiovisuales obtenidos mediante aparatos digitales de uso masivo y cotidiano abre nuevas fronteras y preguntas éticas sobre sus consecuencias esperadas e inesperadas. Este es un espacio colectivo virtual en que, a la vez, conviven la búsqueda de la distinción singular y el anonimato. Allí la construcción del sentido se multiplica, se independiza de las buenas o malas intenciones, así como estos registros pueden ser intervenidos digitalmente para mejorarlos o tergiversarlos.
-Estos aspectos también traspasan el registro audiovisual sobre la violación a los derechos humanos. Es importante considerar el repertorio de efectos posibles negativos como positivos que puede desencadenar la circulación pública de video o fotografías. Al respecto surgen preguntas por las consecuencias de la exposición pública sin consentimiento de menores de edad, la importancia del respeto a la dignidad de las personas, especialmente, cuando los rostros, identidades o sufrimiento de las personas son expuestas. Otra situación corresponde a los registros audiovisuales publicados para denunciar la represión, informar sobre acciones de resistencia y promover adhesión a posiciones políticas. La circulación en redes es una ventana abierta a muchos, tal que estos registros pueden ser susceptibles de ser usados para diversos fines, como tareas de inteligencia policial, big data, así como servir de evidencia para procesos judiciales en contra agentes del estado.
–Antes del estallido las deudas en derechos humanos eran grandes y la movilización social sumó nuevos atropellos y con la pandemia se sumaron otras vulneraciones. ¿Cómo impacta esta realidad en la investigación del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos?-
-En el desarrollo de la agenda de investigación de los proyectos en curso del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos, integrado por 4 facultades (Psicología, Derecho, Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades), como equipo hemos tenido que realizar varios ajustes en el diseño metodológico para el levantamiento de datos a raíz de la revuelta social y después por la pandemia, con el fin de alcanzar los productos y actividades asociadas a los objetivos de los proyectos. El contexto social y político no solo reordena las prioridades de ejecución de las actividades comprometidas en los proyectos, sino también obliga a repensar las estrategias, principios y contenidos que nos ayudarán a seguir avanzando en distintas líneas de investigación de los proyectos.
Para las líneas de investigación (Sitios de memoria, Actividades pedagógicas, Producción cultural, Justicia Transicional) del proyecto Anillos SOC 180005 y para el proyecto Fondecyt regular 1190834– “Más allá del paradigma de la víctima: genealogías de dispositivos de performación de sujetos de la violencia política. Chile, 1973-2018” hemos observado que la presencia de estallido social ha aparecido en las entrevistas, las observaciones de aula, las producciones audiovisuales y literarias como un evento significativo, cuyo impacto y proyecciones estamos comenzando a vislumbrar y comprender desde el trabajo investigativo.
Una versión virtual muy positiva
-¿Cómo evalúa esta versión de la cátedra realizada con todas las adversidades de la pandemia?-
-La evaluación es muy positiva, pues consideramos que estamos logrando los propósitos que orientaron la creación de la Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J. y refuerza la importancia de mantener esta instancia de reflexión y encuentro en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos que aborda las problemáticas del presente, proyecciones del futuro desde los aprendizajes y tensiones constantes que la memoria nos hace presente.
Tanto el primer como el segundo ciclo contaron con invitados internacionales como Cath Collins, Pablo Abrão, Roberto Gargarella, Magdalena Correa, así como nacionales Agustín Squella y Alvaro Hoppe. De igual modo, estuvo presente la sociedad civil a través de Agrupación Guacoldas de Familiares y Amiga/os de Prisioneros Políticos, Agencia Causa, Colectivo Fotográfico a lo largo del País.
La adopción de la modalidad virtual nos significó como equipo adaptarnos a las posibilidades y restricciones de la virtualidad. Si bien la interacción cara a cara fue un costo importante, las posibilidades de los encuentros digitales permitieron reunir invitados e invitadas y audiencias de diferentes partes del mundo. Por otro lado, para difundir las actividades y captar una mayor audiencia, usamos las redes sociales (https://www.facebook.com/tecnopoluah/,https://www.instagram.com/memoriayderechoshumanos_uah/, y la elaboración de videos promocionales para los dos ciclos. De igual modo, dejamos los videos de las actividades a disposición del público en youtube, las que están siendo visitadas constantemente. De este modo, aspiramos como equipo a que esta actividad anual aporte a la discusión pública a través del encuentro diversas perspectivas que nos ayuden como sociedad a avanzar hacia mayor justicia social y participación ciudadana.
Cinco conferencias
La II Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J. de la Universidad Alberto Hurtado se desarrolló durante octubre y noviembre con un grupo interdisciplinario esencial para abordar los problemas de derechos humanos relacionados a la revuelta y el inédito escenario constituyente que este alzamiento motivó. Entre ellos está el experto latinoamericano constitucionalista Roberto Gargarella, la Dra. Magdalena Correa, profesora de Derecho Constitucional en Colombia, el Dr. Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile, los fotógrafos Álvaro Hoppe y Kena Lorenzini y la Agrupación Guacoldas de Familiares y Amiga/os de Prisioneros Políticos y representantes del mundo jurídico como Karina Fernández, abogada e investigadora de ddhh de Londres 38, Espacio de memorias; Tomás Pascual, Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública e Ymay Ortiz, Directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.
El 19 de noviembre la cátedra tuvo su cierre con la conferencia internacional: Legados de la Justicia Transicional en América Latina y Desafíos del presente con Cath Collins, directora académica del Observatorio de Justicia Transicional de la U. Diego Portales y catedrática de la Universidad de Ulster en Irlanda del Norte y Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de DDHH.
Todas las charlas pueden ser revisadas en www.uahurtado.cl / UAHTv digital.