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6 de septiembre 2019


La educación pública en Chile, hoy

Columna de opinión de Juan Eduardo García-Huidobro, profesor emérito de la UAH y Doctor en Filosofía y Doctor en Educación, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

La educación pública posee, al menos, tres sentidos. La educación, por ser un derecho, es un bien público; se considera pública a la educación financiada por el Estado; y se entiende por “pública” la educación financiada y administrada por el Estado. La educación pública, en el segundo y tercer sentido, deber ser gratuita, de igual calidad para todos, inclusiva y debe promover la igualdad, respetar la diversidad y prohibir la selección de estudiantes. El Estado mantiene escuelas propias para garantizar que sea posible asistir a la escuela y para fijar el estándar exigible a toda la educación.

Desde el nacimiento de la República, se pueden marcar diversos hitos. Se valoró la educación desde la Independencia; Simón Bolívar señaló: “Las naciones marchan hacia su grandeza, al mismo paso que avanza su educación” . Pero dada la pobreza y debilidad del Estado, fueron enérgicas declaraciones sin consecuencias. El siglo XX se inicia con un debate sobre la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: ¿La preeminencia, en educación, debe estar en la familia o en el Estado? Al fin, la Ley se aprobó y estableció la educación primaria universal. Frei Montalva (1964), contempló una potente reforma: la educación obligatoria pasó de la primaria de seis años a la educación básica de ocho años. La reforma de los noventa comienza criticando el sistema mercantil, así, Ricardo Lagos inicia el año escolar señalando: “La responsabilidad social en educación ha sido reemplazada por el ilusionismo del mercado”. Sin embargo, aunque se impulsa un conjunto de cambios, también se profundiza el mercado con la modificación al financiamiento compartido (1993): los establecimientos con este financiamiento pasan de 232 en 1993 a 1.426 el 2000. Después, las movilizaciones de estudiantes secundarios (2006) y universitarios (2011), se oponen al mercado educativo y al lucro y establecen que “la recuperación de la educación pública es la piedra angular de las demandas estudiantiles” (Confech).

Hoy, la Nueva Educación Pública (NEP) reemplaza la administración municipal por un sistema público. Crea una Dirección de Educación Pública, vinculada al Ministerio de Educación y propone instalar la NEP en dos fases: entre 2018 y 2020 (se crean 11 Servicios Locales que cubren a 43 comunas) y en 2022-2025 (59 SL y 303 comunas), con una evaluación el 2021.

¿Qué valorar de la NEP? Cierra el ciclo de la “municipalización”, recuperando “un” sistema nacional, con unidad de propósitos y con financiamiento y administración homogéneas (vs. la heterogeneidad municipal). A nivel de establecimientos, propone comunidades educativas con participación interna y más atribuciones de los directivos y del Consejo de Profesores. Ahora bien, la NEP tendrá éxito si logra el aprecio de la ciudadanía; si, superando la competencia mercantil, logra instalar la cooperación entre escuelas; si, además de una nueva organización, asegura la relación pedagógica, el logro de aprendizajes y la formación de personas y ciudadanos.

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