Por Carmen Sepúlveda
Macarena Rodríguez, Directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes y directora de la carrera de Derecho UAH.
Expulsiones, faltas al debido proceso, ausencia de un enfoque de DDHH en el proyecto de ley de migraciones y desconocimiento de los derechos de los refugiados son los temas que Macarena Rodríguez, Directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado expuso junto a otros abogados expertos en derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil en la Audiencia Temática de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) que se desarrolló en Kingston, Jamaica este miércoles 8 de mayo.
Macarena Rodríguez, explica que ésta es la primera vez que la Universidad Alberto Hurtado efectúa una solicitud de audiencia temática a la CIDH, “la petición corresponde a una necesidad y hay un consenso de todas las organizaciones que trabajamos con los migrantes sobre la falta de diálogo con la autoridad y sus políticas que vulneran los derechos de los migrantes y refugiados”, sostiene.
Según la académica, los temas que expusieron en la Audiencia Pública fueron el diagnóstico general de la situación que vive el 6,6% de la población migrante en nuestro país, las órdenes de expulsión que en Chile se dictan sin respetar las garantías de debido proceso, lo que en la práctica se traduce a que la persona cuando se le imputa una conducta no tiene derecho a defenderse, a demostrar su inocencia, a presentar pruebas para contradecir lo que se está argumentado, derecho a un intérprete si es que no maneje el idioma o a un recurso judicial en caso que la decisión sea contraria a sus intereses.
“Lo que pasó a partir del año 2018 cuando se implementaron medidas administrativas, y particularmente al término del proceso de regularización, es una política de expulsión masiva con una cobertura mediática importante. Este discurso permite que se cree una percepción social de los inmigrantes como delincuentes, criminales y en definitiva, una amenaza”, dice.
Salir con lo puesto
El proceso de regularización extraordinaria que implementó el gobierno tenía un plazo de 30 días para inscribirse para las personas que ingresaban por pasos no habilitados, y 90 días para aquellos que hubiesen ingresado como turistas con visa vencida. Según Rodríguez, si se mira el proceso de regulación de países como Argentina que entregó un plazo de tres años o República Dominicana que otorgó un año para que las personas pudieran regularizarse, 30 o 90 días es un plazo extremadamente breve y deja a muchas personas fuera por desconocimiento y desinformación.
Según la académica, la autoridad estimaba que 300 mil personas estaban en situación irregular y el proceso terminó con 154 mil. Para ella lo preocupante es que una vez terminado el plazo, empieza el periodo de “salir a buscarlos, como si esto fuera una especie de cacería”. La autoridad señaló que este año van a haber 185 mil fiscalizaciones y ya se ha visto cómo se han ido materializando estas búsquedas. “Hay casos de personas que reciben una citación, no se les informa el motivo, se presenta en el cuartel policial, quedan detenidas, las llevan a otro cuartel, las suben al avión y las expulsan. Esa persona no pudo despedirse de quienes constituyen su núcleo familiar, no pudo abrigarse, salió con lo puesto. Esas condiciones atentan contra la dignidad y no podemos perder de vista nunca que somos todos seres humanos y que hay una dignidad mínima que hay que respetar”, señala.
6.700 venezolanos han sido rechazados
Por otra parte, lo que ocurre en la frontera es que más del 50% del rechazo de ingreso es de población venezolana, y la autoridad dice que no se les permite entrar porque no logran acreditar la calidad de turistas. “¿En qué momento los venezolanos cruzan el Continente, pasando frío y hambre para venir a turistear?”, comenta.
Según Rodríguez, Chile no está respetando la aplicación de la Ley de Refugio y la Convención Americana. Según explica, toda persona tiene derecho a pedir asilo: “La Ley de Refugio dice que el funcionario de frontera debe ingresar una solicitud de refugio y es una comisión la que evaluará el caso. La persona que lo solicita deberá ser ingresada al procedimiento de calificación y tendrá una visa temporal durante todo el periodo que dure el trámite. Y eso no está ocurriendo”, explica.
En el caso de niños, niñas y adolescentes la autoridad tiene la obligación de establecer mecanismos para identificar quienes se encuentran en necesidad de protección (solicitantes de asilo) y ello tampoco ocurre, agrega.
No somos la oposición
El cuarto tema que se expuso en la CIDH tiene que ver con el proyecto de ley en el Congreso. El equipo de juristas considera que es necesario que la ley que regulará la movilidad humana en nuestro país esté acorde a los estándares internacionales, y en consecuencia, que respete los tratados que son obligatorios para Chile y que se garantice el debido proceso: “la regulación que hoy está en el proyecto es sumamente insuficiente ”, plantea Macarena Rodríguez.
Para la abogada, hoy la sociedad civil y académica que trabaja con los migrantes tienen muy pocas posibilidades de manifestar las preocupaciones a la autoridad y esta instancia puede ser de buen diálogo. “Entendemos que la migración trae una serie de contingencias, pero sabemos que la mejor manera de abordarlas es en conjunto con la autoridad. Una mirada global permite alcanzar mejores soluciones”, concluye.
-A nivel ciudadano ¿Qué debemos esperar de los chilenos en cómo se relacionan con la población migrante?
-Vemos instancias de integración muy valiosas como el proyecto Zanmi y esa es la mirada que debemos tener porque hay que entender que la migración nos beneficia a tdo/as, es una oportunidad de diversidad cultural, étnica, idiomática, una oportunidad de abrirnos como sociedad y también en términos prácticos los migrantes son una fuerza de trabajo, dado que Chile es un país que envejece muy rápido va a necesitar gente joven. Hoy tenemos que hacernos cargo de la migración en un contexto global.
La audiencia vía streaming
La audiencia denominada “La Situación de las Personas Migrantes en Chile” fue solicitada por la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, Movimiento de Acción Migrante (MAM), Observatorio Ciudadano, Servicio Jesuita a Migrantes, Clínica Jurídica de Atención a Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; Corporación Migr-Acción, Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, ONG Migramigos, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Universidad Arturo Prat, Asociación Libertades Públicas, Corporación Fundamental, entre otras.
Para quienes quieran escuchar en vivo las presentaciones en la Audiencia Temática de la CIDH, estará disponible vía plataforma streaming el 8 de mayo a las 10:00 (hora chilena) en http://www.corteidh.or.cr/