Según el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, en 2020 un 47% de las personas que tuvieron una urgencia jurídica solicitó ayuda a alguna institución, mientras que el resto, simplemente, declaró no tener abogado por el alto costo. ¿Y qué pasa con esas personas?
Los estudiantes de quinto año de la Facultad de derecho de la UAH rinden desde el 2001 en la Clínica Jurídica un curso obligatorio con una metodología de trabajo de aprendizaje y servicio, que los hace tramitar casos reales bajo la supervisión de un profesor abogado. La misión es orientar, asesorar y patrocinar de manera profesional y gratuita a todas aquellas personas que no cuentan con los medios, la información y los recursos.
Ser abogada durante la pandemia
Catalina Sepúlveda (IG colora_sepulveda), 26 años, egresada de derecho, una vez que regresó de Bilbao, España, donde hizo un intercambio en la Universidad de Deusto se incorporó a la Clínica Jurídica UAH en el área de atención en causas de familia y derecho civil. Sus tareas eran tramitar divorcios de mutuo acuerdo, nombramientos de tutores, evaluar solicitudes de pensión de alimentos e indemnización de perjuicios, entre otras tantas materias, una labor que se complejizó estando en pandemia porque la atención a las personas debió realizarse por medios remotos como correos electrónicos, teléfonos, whatsapp y otras plataformas, lo que presentó importantes dificultades porque no todos estaban habituados o porque no contaban con los medios digitales de acceso de forma permanente. “Muchas personas no sabían usar zoom”, cuenta.
Este fue el caso de una abuela que pidió ayuda para iniciar un proceso judicial por el cuidado de su nieto quien, por razones muy dolorosas, había perdido a ambos padres. Según Catalina, la abuela de este pequeño no quería que fuera derivado automáticamente al SENAME y jurídicamente se hizo todo lo posible: “Trabajé mucho por esta causa, pero finalmente no le dieron la custodia. Fue frustrante por lo lento del proceso, yo terminé mi periodo obligatorio en la clínica y todavía no le daban la audiencia y la señora tenía muchos problemas con la virtualidad, no sabía cómo usar zoom y era todo muy difícil para ella y para mí”, cuenta.
La estadía de los futuros abogados en la Clínica Jurídica es de un año y en ese tiempo Catalina alcanzó a tener alrededor de diez causas. Para ella fue una experiencia enriquecedora porque participó en audiencias y escuchó a personas que muchas veces no ven soluciones a sus problemas y también conoció los límites de la justicia del sistema nacional que a veces llega, pero muy tarde: “Los procesos son muy lentos”, concluye.
“Conocí a cientos de personas en constante temor a ser deportados”
En materia migratoria la Clínica Jurídica tiene tres consultorios de atención y durante la pandemia sumó muchos conflictos por el cierre de fronteras, por el aumento de las dificultades en la tramitación de los permisos de residencia, la dictación de órdenes de expulsión sin un justo y debido proceso previo y el desconocimiento de un estatuto de protección para personas refugiadas.
En este contexto, el alumno Fernando Torres (IG alfredo_jr 24), 28 años, se sumó al equipo de la clínica de migrantes y conoció esta realidad desde la primera línea. Según cuenta, los migrantes que solicitaban ayuda estaban muy a la deriva, y necesitaban además de asesoría jurídica, colaboración de orden social lo que demandaba mucho más tiempo y dedicación profesional: “Conocí a cientos de personas en constante temor a ser deportados, y lo que yo hacía era darles mi celular para que se comunicaran por alguna urgencia, pero ellos contaban conmigo para lo que fuera y me convertí en una especie de salvador”, dice.
Durante su estadía aprendió la orgánica de cómo funciona el sistema de las visas, cómo se anulan las órdenes de expulsión arbitrarias y cómo funciona la conexión entre las áreas jurídicas con el área social y laboral. Una vez que terminó su periodo académico se sumó al Servicio Jesuita de Migrantes donde pasó de tener 14 a 60 causas: “Mi celular no paró nunca más de sonar, ayudé a la mayor cantidad de gente posible, y muchas veces terminé siendo sicólogo más que abogado”, recuerda.
El caso más complicado que le tocó tramitar fue el de un joven de 19 años que había ingresado por un paso no habilitado y fue fuertemente vulnerado por su identidad sexual y tener VIH. “Requería muchos cuidados y medicamentos que con la pandemia se dejaron de distribuir. Era tan urgente regularizar su situación que, a través de la Sección de Refugio se logró en un mes. Estos jóvenes sin red de apoyo son muy vulnerables a todo tipo de maldad y a abusos”.
Catalina y Fernando reconocen que uno de los valores claves de esta práctica pedagógica son la humildad y la solidaridad. “Esta experiencia despertó en mí una conciencia social que antes no tenía”, reconoce Catalina. “No sabría cómo describirlo, pero esta práctica me hizo ser como un niño sin prejuicios como si fuera una hoja en blanco. A mí los migrantes me muestran como es mi país y verlos que salen adelante es una gratificación increíble”, concluye Fernando.