María Paz Trebilcock, Directora del Departamento de Sociología UAH.
Fuente: Le Monde Diplomatique
Hace unos días conocimos el nuevo Catastro de Campamentos de Techo, que cifra en 39,5% el aumento de familia en campamentos, así como el 33,1% el crecimiento de los campamentos a nivel país.
Esto no es una novedad en el contexto de la actual crisis de vivienda. El Presidente Gabriel Boric, en su programa de gobierno, fijó la construcción 260.000 viviendas al final de su mandato de manera de buscar disminuir el déficit habitacional que, previo a los incendios forestales de este verano, llega a alrededor de 700.000 viviendas.
Más allá de lo ambicioso del plan de gobierno y de si se cumple esta meta o no de construcción, la expectativa es que siga aumentando la población que vive en campamentos, pero ¿Por qué? Entre las razones que podemos argumentar son los altos precios de arriendo que provocan la imposibilidad de miles de hogares de solventar los gastos de vivienda bajo la lógica de arriendo de casas, piezas o subarriendo, la elevada inflación que se vive en el país, que implica destinar los recursos destinados a vivienda a otros ítems de subsistencia básica, la legitimidad del discurso del acceso a vivienda, que tras el estallido social del 2019, se enarbola como uno de los grandes derechos sociales de protección y provisión estatal, la oportunidad de acceso a la ciudad que tienen los campamentos, que hoy se construyen como verdaderas ciudadelas en las que se ofrecen una serie de servicios (peluquerías, restaurantes, negocios) y que muchas veces poseen mejores localizaciones que las mismas viviendas sociales, convirtiéndose en un punto asequible a la ciudad, las posibilidades de autoconstrucción que muchas veces ofrece adaptarse a las necesidades familiares de mejor manera y con más espacio que formas de arriendo abusivas y la nuevas configuraciones familiares, como por ejemplo hogares unipersonales, que no son visibilizados en la política de vivienda.