Señor Director:
Las columnas de Williamson y Bernasconi muestran que la propuesta de los rectores Peña y Saavedra, destinada a resolver el financiamiento de la sobreduración de las carreras, podría generar cierto consenso.
Parece razonable que la diferencia entre la duración nominal y real de la carrera sea financiada con cargo a los tres actores que pueden agenciar ese resultado: Estado, universidad y estudiante. Compartir este costo debiese -con el tiempo- acercar la duración real a la nominal, en el entendido que mejorará la educación básica y media, las universidades apoyarán con mayor decisión las trayectorias académicas de sus estudiantes y estos últimos redoblarán sus esfuerzos.
La propuesta plantea que la distribución de este financiamiento debe hacerse en función de la vulnerabilidad de la población atendida, la ubicación geográfica y otros factores que impactan en el costo de la formación. Esta propuesta ayuda a salir del impasse de la sobreduración de las carreras y merece ser estudiada con atención y celeridad.
Habrá que sumar nuevos esfuerzos para mejorar la implementación de la gratuidad, un desafío que parece más provechoso que seguir lamentando su existencia. Sabemos cuáles son: un cálculo más adecuado de los aranceles regulados (que al estar distantes de los aranceles reales son la principal causa del déficit que se genera a las universidades); articular la gratuidad con el nuevo crédito para no generar dos tipos de universidades; y principalmente debatir sobre lo no discutido: el financiamiento de la investigación, que no parece adecuado cargar a los aranceles de pregrado, y que es en realidad lo que hace compleja la situación de las universidades que investigan e imparten doctorados.
Eduardo Silva
Rector Universidad Alberto Hurtado
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