La decisión de restarse del Pacto Migratorio del Gobierno representa una acción incoherente con el mismo discurso del ejecutivo, establece dudas sobre su compromiso y entendimiento de los derechos humanos y da certeza de cuanta influencia tiene una ultraderecha nacionalista, en el presente mandato.
El Gobierno del mismo Presidente Piñera ha esgrimido que su reforma migratoria es para lograr una migración “segura, ordenada y regular.” Estos son los tres conceptos ejes del Pacto, que justamente promociona la garantía de los derechos humanos de los migrantes junto con el respeto de la soberanía de los Estados. Pacto, que ahora se rechaza, pero en cuyas negociaciones, Chile siempre apoyó su existencia e importancia, siendo parte de un grupo de países denominados “Like Minded” quienes impulsaron los estándares de derechos humanos y la visión de 360 grados que el Pacto debía tener. Es más, hasta hace un par de semanas, como ha trascendido, Chile solicitaba la vicepresidencia del Foro en Marruecos donde se aprobaría el texto final del Pacto. Por ello no se entiende esta negativa de ultimo minuto, a menos que se trata de retomar la agenda comunicacional nacional, en las ultimas semanas desfavorable al Gobierno, a costa de los derechos de los migrantes y nuestra reputación internacional.
Las razones esgrimidas son poco articuladas y demuestran una clara ignorancia en materia de instrumentos internacionales y en derechos humanos. El Pacto no declara que migrar es un derecho humano, por lo tanto, no puede haber confusión ahí. La expresión positiva en derecho internacional del derecho humano a migrar no existe y el Pacto justamente no avanzó en ese sentido, (lamentablemente). Se ha alegado también por el Gobierno, que el Pacto iguala a migrantes regulares e irregulares. Aquí hay que reconocer que verdaderamente lo hace: toda vez que los migrantes irregulares son también personas -aunque les cuente comprenderlo- y por lo tanto no pierden sus derechos humanos. Por ello, el Pacto se asegura que se cumplan sus derechos fundamentales, dándoles acceso a servicios básicos. Cosa que ya sucede en Chile y que el proyecto de ley del Gobierno respeta. Por último, se ha esgrimido que comprometería a flexibilizar las visas y el Pacto también lo hace, porque tiene como principio regular la migración en base a evidencia. Y ha sido esa evidencia la que ha mostrado porfiadamente que la migración irregular es “esencialmente una consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral en los países de destino y la capacidad o la voluntad de los gobiernos a establecer los canales regulares de migración”, como señala Castles. El Pacto por ello entiende que, para su objetivo de una migración regular, las vías deben ser flexibles y pertinentes a la realidad migratoria de los Estados. ¿Acaso un Gobierno comprometido con la libertad, como motor de la sociedad, no quiere eso?…
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