Fuente: Cooperativa
El académico de la Facultad de Derecho UAH, Gonzalo García, advierte que el nuevo Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES) no solo reemplaza al CAE, sino que redefine la relación entre formación, justicia distributiva y deberes sociales. “Este proyecto de ley plantea una mirada sobre los deberes que uno tiene con la sociedad”, afirma.
Mientras el Congreso debate el futuro del financiamiento estudiantil, el profesor Gonzalo García, académico de la Facultad de Derecho e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP-UAH), subraya que el proyecto FES representa un cambio estructural en la forma de entender la educación superior. “No es solo un sistema de reemplazo del CAE —plantea—, sino también una nueva forma de concebir los deberes que uno tiene con la sociedad. Este proyecto resuelve la modalidad CAE, mantiene la gratuidad, pero le pone un techo, porque la gratuidad también ha generado costos superlativos”.
A diferencia del Crédito con Aval del Estado, el nuevo esquema se basa en aportes contingentes al ingreso, una fórmula que —según el profesor— introduce un principio de justicia social. “Esto no es un préstamo, sino una contribución a la sociedad sobre la base de ingresos contingentes. Si una persona no percibe más de 4 millones y medio anuales, queda exenta de pago. Y quienes tienen mayores ingresos contribuyen proporcionalmente más, con un tope del 8%”, explicó.
Sin embargo, García también advierte las tensiones que genera el modelo: “Existe una hipótesis real, aunque mínima, de sobrepago”, señala, refiriéndose al riesgo de que algunos profesionales terminen devolviendo más de lo recibido. “Pero no podemos transformar la discusión pública por los casos excepcionales. Este es un proyecto con sentido de justicia distributiva, que busca equilibrio entre oportunidades y responsabilidad social”.
El académico destaca, además, la necesidad de proteger la autonomía universitaria frente al rol del Estado como principal financista: “El FES reemplaza el mecanismo bancario por la intervención tributaria. Eso es constitucional, pero si los aranceles regulados se fijan bajo criterios intransparentes, tendremos un problema. Las universidades deben poder discutir cómo se determinan esos valores”.
En síntesis, para Gonzalo García el desafío es doble: garantizar acceso equitativo sin desfinanciar al sistema y, al mismo tiempo, preservar la libertad académica. “El proyecto está bien orientado, pero su éxito dependerá de cómo se resuelvan los dilemas del copago, las desproporciones y la sustentabilidad de las universidades”, concluye.
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