Fuente: El Mercurio

«Para quienes ganaron, cabe preguntarse si serán capaces de aprender de la historia reciente o si, por el contrario, perseverarán en el error de buscar la imposición de su particular visión de la sociedad». La necesidad de contar con una nueva Constitución no puede convertirse en una quimera o una eterna iteración eleccionaria, pues no es un fetiche en el que nuestra clase política pueda refugiarse para prometer una solución mágica e inalcanzable. Por el contrario, esta coyuntura no puede ser soslayada, pues la estabilidad presente y futura del país, así como la capacidad del sistema democrático de ofrecer soluciones efectivas a la nación es demasiado valiosa para quedar cooptada por caprichos identitarios o delirios populistas. Si observamos cómo la decadencia de la democracia de algunos países vecinos los ha sumido en crisis políticas, económicas y humanitarias, podrá concluirse que este no es un análisis alarmista. Esta perspectiva fue preterida por la Convención Constitucional, donde se asumió que los resultados de una elección eran el reflejo de un estado de cosas permanente, y no solo la fotografía de un momento dado desatendiendo la necesidad de alcanzar acuerdos transversales. Esto redundó en la pérdida de una encrucijada que la centroizquierda anhelaba desde el quiebre político e institucional que representó el golpe de Estado: dotar a nuestro país de una Constitución surgida en democracia que nos permitiera retomar la senda republicana que se abandona el 73 y que, en los posteriores años y especialmente a partir de la transición, ató a la democracia a la proyección del modelo económico y político de la dictadura extendiendo con creces su hegemonía por los años venideros. Hoy nos encontramos nuevamente ante la porfiada esperanza depositada por un pueblo que apuesta a la capacidad del diálogo y a la razón como la forma de dotarnos de una Constitución democrática.