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4 de Julio 2017


¿Es Venezuela un Estado de Derecho?

Columna del académico de la Facultad de Derecho UAH, Juan Luis Modollel.

Juan Luis Modollel, académico de la Facultad de Derecho

Si se entiende como Estado de Derecho el sometimiento de la actividad del Estado al derecho legítimo y previamente establecido, que suponga la existencia de un poder judicial independiente, resulta obvio que el Estado venezolano no ha sido un Estado de Derecho durante el régimen chavista. De hecho, en el año 99 se instauró una asamblea constituyente sin reforma de la Constitución, a través de un sistema de elección por el cual dicho régimen obtuvo el 95% de los escaños con menos del 66% de los votos, logrando de esa manera imponer “su” Constitución.

La oposición, no obstante, pasado el tiempo comenzó a esgrimir la defensa de la ley fundamental cuando el propio gobierno se colocó al margen de ella. Por otra parte, nunca se disimuló la forma cómo Chávez se inmiscuía públicamente en el poder judicial. Así, por ejemplo, en el año 2010 ante casos vinculados a fraudes bancarios, decía aquel, según nota de la agencia bolivariana de noticias (29 de noviembre 2010): “Ayer hablé con la Fiscal y le dije, yo no me meto en eso, pero le dije que vaya a prisión todo el que tenga que ir a prisión”, “Yo le pedí a la Fiscal, como jefe de Estado que soy, respetando la autonomía de poderes, sobre el que haya pruebas pido que vaya a prisión, a juicio, quien sea”.

No es casual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe del año 2009 mencione los casos de los jueces Chocrón, Luna, Jiménez, Trastoy, Arrieche, Márquez, Prado, Torres, destituidos inmediatamente por haber tomado decisiones contrarias a los intereses del gobierno (OEA/Ser.L/V/II.Doc.54.30 diciembre 2009), siendo uno de los casos más sonados el de la juez Afiuni, calificada públicamente por el entonces presidente Chávez como “bandida”, destituida sumariamente de su cargo y condenada penalmente. En el referido informe también se alude a un estudio de la organización PROVEA según el cual un “96% de los casos estudiados, en los que se ejercitó acción contra las actuaciones de organismos del Estado, fueron declarados sin lugar, o no se produjo pronunciamiento sobre el fondo del asunto…”.

A ello se suma que en el año 2013 se concretó la salida del Estado venezolano del sistema interamericano de protección de DDHH mediante la denuncia del Pacto de San José, evocando al parlamento de Fujimori que decidió en su momento el “retiro, con efecto inmediato, del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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