En el artículo, el académico analiza si la creación de estos nuevos establecimientos aportará algo nuevo a la formación técnica del capital humano o sólo sumará participantes en el mercado. La promesa de los nuevos centros también contempla la generación de políticas públicas de formación técnica que vinculen los conceptos de formación y trabajo y respondan a las necesidades propias de las diversas áreas productivas del país.
“El 21 de marzo pasado, la Presidenta Bachelet firmó la ley que crea 15 Centros de Formación Técnica estatales (CFT), uno en cada región de nuestro país. De esa manera se recuperaba el espacio de participación del Estado en la formación de técnicos, perdido en 1989 luego que la dictadura “vendiera” todas las sedes y traspasara todo el patrimonio del Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) a la Confederación de la Producción y de Comercio, CPC. Esta Ley con el Nº 20.910, fue publicada el 29 de marzo pasado.
¿Tiene sentido que el Estado se reincorpore a la tarea de formar técnicos, compartiendo el “mercado” de esta formación con instituciones privadas que tienen la misma misión (CFT, Institutos Profesionales y Universidades) o públicas que la agregan a su oferta de formación (Universidades)? ¿La idea es que los nuevos CFT compitan con los que ya existen y con las demás instituciones de educación superior que imparten carreras técnicas? ¿A qué se compromete el Estado al crear estas instituciones?, ¿Agrega valor a lo ya existente? y, finalmente, los CFT estatales, ¿expresan la política sobre la formación de técnicos en el país, son parte de ella o en definitiva son solo iniciativas aisladas y desconectadas de una estrategia más integral de desarrollo de la educación técnica?
Este texto se propone iniciar una discusión sobre las preguntas anteriores y esbozar algunas ideas sobre los desafíos involucrados en la formación de técnicos en el país…”
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