Señor director:
Dos nuevas políticas educacionales se están implementando sin considerar sus tensiones: la Ley de Inclusión y la Ordenación de Escuelas. La primera, que apunta a disminuir la segregación en la escuela, construye un imaginario de calidad donde lo valioso es la inclusión de estudiantes de distinta procedencia social, orientada a promover la tolerancia y la convivencia. La segunda, al generar un ranking de clasificación de escuelas basado en el Simce, supone que lo principal para que una escuela sea de calidad es el puntaje.
Los procesos escolares que una y otra noción de calidad incentivan son contradictorios. La evidencia internacional sobre pruebas con altas consecuencias, como es el caso del Simce, muestra que incentivan prácticas discriminatorias hacia los alumnos con menos expectativas de éxito. Asimismo, una investigación nacional reciente (Rojas, 2016; Falabella y Opazo, 2014) devela que políticas de estandarización de resultados como el Simce tensionan los procesos de inclusión en las escuelas, inhibiendo, por ejemplo, la adaptación curricular.
Si la Ley de Inclusión es exitosa aumentará la diversidad en las escuelas; sin embargo, los recintos educativos se verán enfrentados a un dilema que perjudicará su quehacer: ¿Trabajar para mejorar el puntaje Simce o para sacar provecho a su diversidad?
María Teresa Rojas Fabris
Académica, Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado
Manuela Mendoza Horvitz
PhD(c) Educación
University College London
Tamara Rozas Assael
Estudiante PhD Educación
University College London