Fuente: Radio Bío Bío
La directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Gabriela Hilliger, advirtió que el futuro del proceso de empadronamiento biométrico marcará un precedente clave para la política migratoria del país. Esto, luego de que la exministra del Interior Carolina Tohá llamara a regularizar a las más de 180 mil personas en situación irregular que participaron del registro impulsado por la actual administración.
En conversación radial, Hilliger sostuvo que “lo que se haga con la información recabada es muy importante para efectos del uso de esta herramienta en cualquier gobierno en el futuro”. A su juicio, el Estado generó una expectativa clara: que la entrega de datos permitiría avanzar hacia un proceso de regularización extraordinaria.
“Si esta información se usa para un objetivo distinto al que se subentendió, se traiciona el principio de confianza”, afirmó. Y advirtió que, de no concretarse una salida, un eventual nuevo llamado a empadronamiento podría fracasar por falta de participación, debilitando una herramienta utilizada internacionalmente para gestionar la migración y fortalecer la seguridad.
El debate se da en medio de las propuestas del Presidente electo, José Antonio Kast, quien ha planteado la expulsión masiva de migrantes irregulares. Para Hilliger, una regularización extraordinaria no solo es una herramienta legítima de política pública —“todos los países la adoptan en algún momento”— sino que además tiene precedentes recientes en Chile y el extranjero.
Recordó que el último proceso de este tipo se realizó durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando se regularizó a más de 300 mil personas. “Lo que no se entiende es que se haya realizado un empadronamiento, se hayan generado expectativas y finalmente no esté ocurriendo nada”, cuestionó.
Según explicó, la mayoría de las personas empadronadas cuenta con contrato laboral, arraigo familiar y ausencia de antecedentes penales, lo que las distingue de quienes ingresan al país con fines delictuales. En ese sentido, subrayó que una regularización bien diseñada puede focalizar recursos en la persecución del crimen organizado y en migrantes que cometan delitos violentos, respondiendo así a una de las principales demandas ciudadanas.
Respecto del eventual “efecto llamada”, Hilliger sostuvo que la experiencia comparada demuestra que estos procesos suelen incluir requisitos estrictos, como acreditar años de residencia y fijar fechas de corte anteriores al anuncio, lo que mitiga ese riesgo.
La académica planteó que el período de transición entre el gobierno saliente y el entrante representa una oportunidad para alcanzar un acuerdo que distribuya costos políticos y permita resolver el problema de forma “justa y equilibrada”. “Lo peor que se puede hacer es no avanzar en nada y no darle respuesta ni a la ciudadanía ni a las personas extranjeras que confiaron en este procedimiento”, afirmó.
Finalmente, alertó que si no se ofrece una salida a quienes ya entregaron sus datos biométricos, se podría perder la cultura de vinculación institucional que caracteriza a la migración en Chile. “Quienes se aprovechan de la irregularidad son los grupos de crimen organizado, que utilizan la vulnerabilidad de estas personas”, concluyó.
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