Gonzalo García: “La política migratoria no puede vulnerar la Constitución por razones simbólicas”

Fuente: La Segunda

En 2022, distintos países de la Unión Europea decretaron casi medio millón de órdenes de expulsiones de extranjeros, pero solo un 23% se cumplió. Uno de los motivos centrales era carecer de la identidad exacta de la persona: bastaba que los países de origen la desconocieran para tornar imposible la devolución.

Entre los extranjeros que ingresaron irregularmente a Chile parecen estar más insertos en nuestra sociedad los que se
empadronaron que aquellos que no. Pero, vaya paradoja, estos últimos tienen más opciones de quedarse por carecer de datos de su identidad real.

Eso difículta las expulsiones administrativas, las que sólo se ejecutan por la vía ejemplar. Estas cumplen otras funciones,
como “calmar a la opinión pública, desincentivar futuras llegadas y presionar a los migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen” (Sáinz de la Maza, 2015). Y, por ende, tratan como real lo simbólico. Bajo esta premisa, por alguna razón extraña, el eje de estos debates no reside en los derechos de las personas, sino que en los costos de deportar. Y en esa dimensión simbólica se ha dado un paso más: que los costos de la repatriación los soporten los que se van y que los extranjeros financien su propia salida.