Fuente: El País
Hace unos meses anticipábamos que la Administración de José Antonio Kast entraría a meter mano en temas
relativos a la agenda de género —promovida por Chile en las últimas administraciones—, así como en los
derechos de las personas LGBTQ+. Pese a que, en campaña, no hubo menciones a estos temas, ya una vez siendo
presidente electo, Kast en su participación en Bruselas en febrero de este año arremetió contra lo que denominó
el feminismo ideológico. En su alocución en dicha ciudad señaló que “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”.
En marzo, en la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el actual gobierno optó por no adherir al documento presentado por el Core Group LGBTIQ+ orientado a
promover la protección de derechos en la región. Esta decisión, justificada por el gobierno en razones
procedimentales, generó inquietud entre expertos y organizaciones de la sociedad civil chilena.
Días después, el gobierno respaldó en la ONU el debate para restringir el concepto de género solo a hombres y
mujeres. Eso sucedió en el contexto del debate en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer de la ONU. En ese debate, el país se alineó bajo el liderazgo de Estados Unidos, acompañado por Pakistán
y la República Democrática del Congo, entre otros países, para permitir que se sometiera a votación la propuesta
de la Administración Trump, la cual descarta cualquier interpretación del género distinta a hombre o mujer.
Desde el gobierno se justificó la decisión tomada en razones puramente procedimentales, paradójicamente
haciendo referencia al avance de reconocimiento de derechos de las personas LGBTQ+, incluyendo la identidad
de género. Esta posición en la arena internacional busca restringir la definición de género evitando que las
identidades trans pueden ser sujetos de derecho y reconocimiento, buscando retroceder al marco de Beijing. Dicho marco sostiene que el género debe limitarse al marco acordado por la ONU en 1995, evitando
interpretaciones que den cabida a las identidades trans.
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