Fuente: El Mostrador
El 2026 será un año de ciertas tensiones en materia regulatoria, tanto a nivel político-económico como a nivel judicial. Por tensiones regulatorias entiendo aquellas posiciones contrapuestas que responden a diversas visiones sobre el objeto o finalidad de las regulaciones.
El cambio de Gobierno no solo es una transición política de un Gobierno a otro, sino también un giro que da cuenta de dos miradas de la política y la sociedad, que se ubican en los polos del eje político y la distancia entre ellos es la más larga que haya existido hasta ahora. Esto tiene varias expresiones, desde las políticas a las morales, pero también en la forma en que se visualiza la relación entre persona y Estado y qué rol cumplen en ella los límites o restricciones a las actividades reguladas.
El Gobierno entrante es distinto a los anteriores. El actual Ministerio de Hacienda está enfocado en la necesidad de crecer económicamente, tomando cierta distancia –hasta ahora– de las políticas sociales. Está situado en el marco de la ética de la convicción –fidelidad a los principios–, según las categorías de Max Weber.
Esto marca un cambio en lo que venía ocurriendo desde 1990. Desde el retorno a la democracia los distintos gobiernos se situaron en dos ejes: crecimiento económico y políticas sociales redistributivas, con mayor o menor énfasis en cada uno. Basta recordar las políticas sociales en los gobiernos del expresidentes Lagos (GES), Bachelet (reforma educacional) y Piñera (PGU, el ingreso ético familiar, Covid-19). En cambio, el cuatrienio que se inicia parece tener una prioridad solo en el primer eje.
Lee la columna completa <<<