Durante el jueves 8 y el viernes 9 de enero se desarrolló el claustro académico 2026, un espacio de análisis y deliberación colectiva en torno a distintos desafíos estratégicos de la Universidad Alberto Hurtado, entre ellos la actualización de la Política de Planta Académica, uno de los ejes del actual Plan Estratégico Institucional.
En la primera jornada, la vicerrectora Académica, Antonia Larrain, presentó un diagnóstico detallado sobre la situación actual de la planta y expuso los principales lineamientos de la propuesta que se pone a discusión de la comunidad académica.
La reflexión se planteó como parte de un proceso institucional de largo aliento, que busca articular la experiencia acumulada de la comunidad académica con los desafíos contemporáneos de la educación superior, en un contexto marcado por mayores exigencias de calidad, complejidad institucional y responsabilidad pública.
Una conversación institucional sobre responsabilidad y proyecto académico
Durante su exposición, la vicerrectora Antonia Larrain subrayó que la Política de Planta no es un instrumento aislado, sino una herramienta clave para la sustentabilidad del proyecto universitario:
“La estructura de nuestra planta es fundamental para la sustentabilidad de nuestro proyecto académico, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el valor de nuestros activos académicos”.
En esa línea, enfatizó el carácter colectivo de la responsabilidad académica: “Cada una y cada uno de nosotros está aquí no solo por su propia trayectoria, sino también por nuestras y nuestros estudiantes. El valor de los títulos que entrega la Universidad depende de las decisiones que tomamos hoy”.
Desde esta perspectiva, la discusión sobre la planta se instaló como un diálogo necesario que involucra tanto las trayectorias individuales como el compromiso con el proyecto institucional y su proyección en el tiempo.
Diagnóstico: fortalezas del modelo y tensiones acumuladas
El diagnóstico presentado por la Vicerrectoría Académica recoge antecedentes trabajados por comisiones académicas y análisis institucionales desarrollados en los últimos años, incluidos aquellos realizados bajo la administración anterior.
Entre los aspectos que se identifican como fortalezas se encuentra la existencia de un marco normativo conocido por la comunidad, la diferenciación en dos plantas académicas —ordinaria y adjunta— y un modelo que ha permitido sostener la productividad académica y responder a criterios externos de evaluación y acreditación.
Al mismo tiempo, el análisis releva tensiones estructurales que justifican la necesidad de revisar la política vigente. Entre ellas:
- Dificultades en la progresión académica, especialmente en la planta adjunta, asociadas a criterios de promoción altamente específicos o difíciles de cumplir en algunos contextos disciplinares.
- Barreras para reconocer de manera integrada los aportes académicos, particularmente en ámbitos como la docencia, la formación profesional, la investigación aplicada, la creación artística, la gestión y la vinculación con el medio.
- Rigidez en la distribución de tiempos entre funciones, que reduce la eficiencia institucional y dificulta responder a periodos de alta demanda, afectando de manera diferenciada a académicas y académicos con mayores cargas de gestión o de cuidado.
- Concentración de la productividad científica, que plantea desafíos para la sustentabilidad de largo plazo del proyecto académico.
“Cuando las reglas de progresión se vuelven barreras estructurales, no solo se afecta la eficiencia del sistema, sino también la percepción de justicia en la carrera académica”, señaló la vicerrectora Larrain.
Justicia como principio estructural
Uno de los énfasis transversales del diagnóstico y de la propuesta presentada es la justicia en la carrera académica, entendida no solo como un valor declarativo, sino como un principio que debe expresarse en reglas claras, condiciones equitativas y mecanismos institucionales transparentes.
Durante su exposición, la autoridad fue enfática en señalar que la justicia no se juega únicamente en los resultados, sino en las condiciones que permiten —o impiden— el desarrollo de las trayectorias académicas: “Levantar barreras estructurales a la progresión académica es una cuestión mínima de justicia”, aseguró.
En ese sentido, advirtió que cuando la progresión depende excesivamente de “arreglos discrecionales o negociaciones individuales” se generan efectos no deseados sobre la convivencia académica y la equidad: “Hay personas que no quieren ponerse en una situación de privilegio. Y cuando las reglas no son claras y conocidas, eso termina afectando la convivencia y la percepción de equidad al interior de la comunidad”.
El diagnóstico también pone de manifiesto impactos diferenciados por género, especialmente en contextos de alta carga de gestión, docencia o administración de proyectos, donde la falta de flexibilidad y de criterios transparentes puede afectar con mayor fuerza a mujeres y personas con labores de cuidado.
En palabras de Larrain: “Las condiciones de distribución de las cargas tienen que ser lo más planas y transparentes posible. No podemos descansar en excepciones conversadas uno a uno, porque eso reproduce desigualdades”.
Esta preocupación por la justicia, el género y las condiciones de cuidado forma parte de líneas de trabajo institucionales en desarrollo. En particular, se vincula con el proyecto InES de Género Inés UAH (INGE250002), que tiene entre sus ejes la incorporación de una perspectiva de género y de cuidado en la carrera académica, con el objetivo de avanzar hacia condiciones más equitativas y sostenibles para el desarrollo de las trayectorias académicas.
Lineamientos de la propuesta
A partir de este diagnóstico, la vicerrectora Larrain presentó una propuesta de actualización de la Política de Planta Académica, concebida como un enfoque orientador para el diálogo y el trabajo colectivo del claustro. La propuesta se articula en torno a tres principios: sustentabilidad, desarrollo estratégico y justicia, entendidos como criterios que deben guiar la evolución de la carrera académica en la Universidad.
Entre los principales lineamientos planteados se encuentran:
- Mantener las dos plantas académicas existentes, fortaleciendo la claridad de sus perfiles y avanzando hacia una mayor permeabilidad entre ellas, bajo criterios institucionales, concursables y transparentes.
- Definir perfiles académicos diferenciados, que reconozcan distintas combinaciones de docencia, investigación, gestión, creación artística, innovación y vinculación con el medio, de acuerdo con las necesidades de la Universidad y de las disciplinas.
- Incorporar un sistema de evaluación de desempeño, con criterios claros, periódicos y conocidos, sensibles a las particularidades disciplinares y con consideraciones explícitas de género y cuidado.
- Revisar los criterios de promoción académica, ampliando el reconocimiento de productos y contribuciones relevantes, y favoreciendo evaluaciones que integren evidencia cuantitativa con una comprensión contextual de las trayectorias.
- Reconocer de manera más explícita la carga de gestión académica, entendida como una función indispensable para el desarrollo y la sostenibilidad institucional.
- Reafirmar el valor de la docencia, evitando su comprensión como una actividad residual o de menor jerarquía, y reconociéndola como una dimensión central de la misión universitaria y de la transferencia de conocimiento.
Como sintetizó la vicerrectora: “No existe una única trayectoria valiosa para la Universidad. Necesitamos una política que permita reconocer el valor de las distintas formas de contribuir al proyecto académico”.
Del mismo modo, la actualización de la Política de Planta se articula con otros desafíos estratégicos del proyecto universitario, como la promoción de condiciones institucionales para la transferencia de conocimiento complejo. Este énfasis se inscribe en los ejes del proyecto HACS-UAH 2030 (CON24E20008), que busca fortalecer la capacidad de la Universidad para producir, integrar y transferir conocimiento relevante y socialmente pertinente, en coherencia con su misión pública.
Un proceso abierto, colectivo y responsable
Desde la Vicerrectoría Académica se enfatizó que la propuesta presentada no busca cerrar la discusión, sino ofrecer un esquema para un proceso de análisis colectivo que incorpore las miradas de facultades, departamentos, académicas y académicos, considerando tanto las orientaciones institucionales como las especificidades disciplinares.
“Un proyecto universitario se sostiene no solo por su productividad, sino también por su convivencia”, señaló Larrain, subrayando que reglas claras, compartidas y percibidas como justas son condiciones fundamentales para fortalecer la confianza institucional y la proyección de largo plazo.