Fuente: Revista Mensaje
La amnistía anunciada por el gobierno de Caracas no apunta a un avance democrático. Sus normas hacen muy difícil la vuelta al escenario político de gran parte de los líderes políticos hoy en el exilio, entre ellos, María Corina Machado.
El pasado 19 de febrero fue aprobada en venezuela la ley de amnistía para «la convivencia democrática», en el marco de una aparente apertura política en ese país, iniciada a raíz de la captura de Nicolás Maduro por el gobierno stadounidense. Lamentablemente, en este caso, todo parece indicar que tal medida está más cercana al ilusionismo que a una transición hacia la democracia.
Una ley de amnistía penal conlleva la impunidad de delitos cometidos, ya sea mediante la renuncia del Estado a su persecución o a través de la extinción de la pena a condenados. Se trata de una potestad del Estado encaminada a encauzar una posible solución pragmática de problemas, usualmente, de carácter político. En democracia, un acto de tal naturaleza se realiza por el parlamento a través de una ley, lo cual explica que se refiera a hechos y no a personas individualmente consideradas.
La amnistía comparte las características de generalidad y abstracción propias de las leyes. Ahora bien, esta prerrogativa no supone la derogación de delitos, solo el «perdón» de hechos ya realizados que en teoría deberían ser castigados. Es elocuente su definición, por parte de la rae, como «perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores»
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