Fuente: El Mostrador
Hace unos días se presentó el acuerdo entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios del país en materia de seguridad. En él se proponen cambios a la ley orgánica de municipalidades para fortalecer su rol preventivo y dotar a los gobiernos regionales de competencias para la prevención del delito y para la protección y apoyo de víctimas. Sin duda, este acuerdo es una buena noticia pese a que pasó casi inadvertido dada la agenda punitivista que ha invadido el debate mediático y político.
Es una buena noticia porque, como lo ha demostrado la evidencia internacional, ninguna sociedad disminuye la criminalidad si esta no se aborda con la participación de los gobiernos locales, las comunidades, los privados y desde una perspectiva urbano-territorial. La sola represión del delito no es efectiva ni suficiente en el mediano ni largo plazo.
Para avanzar en esta agenda, vale la pena revisitar lo que la criminología urbana, desde hace más de tres décadas, señala respecto al rol que tiene la ciudad y la planificación urbana multi escalar en materia de criminalidad y temor al delito.
Por un lado, es amplia la literatura científica que muestra que las ciudades son productoras de delitos y de inseguridad cuando no se planifica el espacio urbano y no se organizan sus usos, según Ceccato y Loukaitou-Sideris. Desde esta perspectiva, es imposible no atender a la relación que existe entre concentración geográfica de los delitos y las características de los espacios de movilidad. Un ejemplo de ello refiere al diseño y la falta de iluminación de las autopistas y su relación con los robos violentos que sufren los automovilistas en sus accesos. También es fácil demostrar que existe un aumento de delitos en áreas aledañas a nuevas estaciones de metro, dado el aumento de población flotante que se genera. Desde esta perspectiva, las decisiones en materia de planificación urbana y planes de movilidad deben considerar los efectos que tienen sobre la criminalidad…
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