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Tomás Jordán: “Decir que no hay Estado de Derecho es un error que debilita a las instituciones”

El abogado constitucionalista Tomás Jordán analiza la salida de Consuelo Peña de la PDI, cuestiona el rol de la ministra de Seguridad y advierte sobre los riesgos institucionales de discursos como “Estado quebrado” o la supuesta ausencia de Estado de Derecho en Chile.

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Fuente: El Mostrador

Una controversia se abrió en torno a la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña, luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitara al director de la institución, Eduardo Cerna, su renuncia.

El hecho se habría producido tras un cambio en el equipo investigativo de la PDI que trabaja en la indagación del denominado Clan Chen en Iquique. La ministra Steinert señaló que no pidió antecedentes de la investigación, sino únicamente los fundamentos de la modificación del equipo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el abogado constitucionalista Tomás Jordán abordó el caso y planteó que aún existen dudas respecto de las razones que explican la salida de la exsubdirectora. “Lo que está en veremos es si la subdirectora Peña sale por rencillas personales o sale por motivos profesionales”, señaló.

El académico explicó que, de acuerdo con la legislación vigente, cualquier llamado a retiro de un alto oficial de las policías debe formalizarse mediante un decreto presidencial. “Todo llamado a retiro de cualquier oficial de las policías es por un decreto del presidente de la República”, indicó.

Por ello, planteó que en este caso es clave establecer si existió una coordinación entre el Ejecutivo y la institución policial antes de adoptar la decisión. “Cualquier decisión en torno a la exdirectora de inteligencia (…) tenía que ver con una decisión entre las policías y la autoridad civil”, afirmó.

En esa línea, Jordán sostuvo que todavía no se ha aclarado si el Presidente José Antonio Kast fue informado o participó en la determinación. Según explicó, los ministros son colaboradores directos del Presidente, por lo que una decisión de ese tipo necesariamente debió ser puesta en conocimiento del Mandatario.

El constitucionalista también distinguió entre dos planos distintos en la discusión: la relación institucional entre el Ministerio de Seguridad, la PDI y el Presidente, y la autonomía interna de la policía civil para organizar sus equipos investigativos.

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