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Carlos Guajardo, académico de Derecho: “Chile necesita una estrategia de seguridad que combine la firmeza del control con la profundidad de la prevención social”

la Cámara de Diputados, destacando la necesidad de complementar las medidas de control con estrategias de prevención social del delito. La columna aborda factores como la deserción escolar, el consumo problemático de drogas y la cohesión comunitaria, proponiendo políticas públicas con indicadores de impacto real y sostenido en seguridad ciudadana.

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Fuente: La Tercera

El martes 12 de mayo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, expuso ante la Cámara de Diputados los lineamientos del plan de seguridad del gobierno, estructurado en siete ejes estratégicos centrados en recuperación territorial, fortalecimiento policial y combate al crimen organizado. En su dimensión de control, la propuesta es técnicamente consistente y responde con claridad a la urgencia que la ciudadanía demanda.

Sin embargo, una estrategia de seguridad eficaz debe reconocer que no estamos ante una realidad delictiva homogénea. Coexisten múltiples fenómenos, entre los cuales es posible identificar al menos dos: el crimen organizado transnacional, de estructura empresarial y alta capacidad adaptativa, y el delito común, de carácter predatorio y oportunista. Ambos, aunque por razones distintas, son sensibles a algo que el plan enuncia, pero no desarrolla con suficiente profundidad: la prevención integral del delito, que figura como eje estratégico pero permanece, hasta ahora, sin contenido explícito.

Prevenir no es solo disuadir. La mayor presencia policial o el endurecimiento de sanciones tienen efectos limitados en la reducción del delito si no se actúa simultáneamente sobre los factores que alimentan las trayectorias delictivas, como la deserción escolar, la desvinculación comunitaria, el consumo problemático de drogas o la debilidad del tejido social. La prevención social opera justamente en esa dimensión más profunda, fortaleciendo la cohesión comunitaria y el sentido de pertenencia territorial que reducen las condiciones de vulnerabilidad que hacen del delito una opción accesible o, en ciertos contextos, inevitable (como es el caso de territorio con gobernanza criminal).

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