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9 de septiembre 2021


Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente: “En la nueva Constitución todas las voces serán escuchadas”

Con esta frase la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón recibió el documento “Constitución y Pobreza” que recoge las esperanzas y los sueños de grupos históricamente excluidos. Para ella, los más pobres tienen todo el derecho a participar de esta instancia por eso las puertas de la Convención se abrieron para recibir a las nueve instituciones jesuitas y ONG’s que coordinaron este trabajo y presentaron propuestas para hacer de Chile un país mejor.

“Hoy tengo un cargo, pero en la vida soy como ustedes”, dijo la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón a las jóvenes Francisca Prat, alumna del colegio Betania de La Pintana que reintegra a estudiantes que abandonan sus estudios, y Melany Salas, dirigente vecinal del Cerro 18 de Lo Barnechea que organiza a sus vecinas para lograr tener una casa propia. Ambas acompañaron al director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero y al director social de Techo Chile y Fundación Vivienda, Vicente Stiepovich a la audiencia con la mesa directiva de la Convención Constituyente en el ex Congreso Nacional.

El encuentro tuvo el objetivo de incentivar un diálogo constructivo con los constituyentes en temas de alta vulnerabilidad humana. «Estamos para escucharles y abrirles las puertas a todos los que necesiten incorporar materias y temas para proyectar la escritura de esta nueva Constitución. Son bienvenidos y les escuchamos», partió diciendo Loncón.  

«Lo que traemos acá es un documento que se llama “Constitución y Pobreza” que es una contribución que queremos hacer estas nueve instituciones que trabajan en sectores de pobreza y exclusión al diálogo de la Convención», respondió Juan Cristóbal Romero.

Romero continuó: «El libro presenta, primero, un diagnóstico de la realidad de la pobreza en Chile y también propuestas que buscan garantizar el ejercicio de derecho en temas como vivienda, trabajo, educación y salud de sectores de exclusión, que tradicionalmente no participan de este tipo de conversaciones. Este documento no nace de lo teórico, sino de las propuestas que levantaron 25 mil personas a través de un trabajo que se llamó Círculos Territoriales, el cual se realizó a lo largo de todo Chile después del estallido social. Ahí se recogieron sus propuestas, diagnósticos y necesidades. Incluía a personas en situación de calle, con discapacidad, privados de libertad, jóvenes excluidos del sistema escolar, personas de campamentos. Hoy, todo aquello, se materializa en este documento que busca estimular la conversación y no dejarlos al margen».

La dirigente social de Lo Barnechea, Melany Salas, muy emocionada, relató la lucha de miles de chilenas que sacan adelante con mucho esfuerzo a sus familias, muchas crían a sus hijos solas y en ese contexto, tener una casa propia se les pone cuesta arriba: «Queremos que nuestras peticiones sean escuchadas en el tema de vivienda porque se nos ha hecho muy difícil adquirirla. Yo también vengo por todas las mujeres, las madres solteras, esas abuelas y mamás que viven en situación de calle, que no tienen la oportunidad de llegar acá. Vengo con esa representación, para que seamos escuchadas».

El análisis social que entrega el documento de 48 hojas indica el estallido social de 2019 como un hito crucial en la historia sociopolítica del país, y a la crisis económica y sanitaria que ha generado la pandemia de COVID-19 como un fenómeno que puso rostro y cuerpo a individuos que -durante décadas- representaron una exclusión social anónima, ajena y distante.

Elisa Loncón señaló que «es conmovedor sentir el tema de la pobreza, porque por más que uno quisiera que la gente estuviera, hay que ir allá, y hoy ustedes nos acercan esa realidad. El proceso del estallido social es el sentido de esta Convención, poder plantear derechos para todas y todos, la justicia social. Esas son las líneas de trabajo que nos invitan».

 

Dignidad para los vulnerables

Según el texto, las recomendaciones se resumen en cuatro puntos fundamentales que, en caso de ser modificados, podrían efectuar cambios radicales en la calidad de vida de las personas de menores ingresos en el país. El primero de ellos es sobre el derecho a la salud. En específico, en el documento se propone abarcar el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental y armónico con otros, y hacer la precisión de que salud es un concepto que abarca tanto aspectos mentales, como de bienestar e integridad. También se aconseja garantizar la inclusión y acceso a la salud de todas las personas, el desarrollo de programas de prevención y educación, así como también respetar las prácticas tradicionales de los pueblos originarios en materias de salud y precisar que la ley no podrá “violar los límites que impone el respeto a la persona humana.

En relación a las condiciones de trabajo, el documento recomienda incorporar en la Constitución el principio de protección del trabajo y de los trabajadores, así como también reconocer el derecho de estos a una remuneración justa o “suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

En cuanto al acceso a la vivienda, se propone reconocerlo expresamente dentro del catálogo de derechos fundamentales, incluir dentro de su definición el carácter de “digna y adecuada”, establecer “un mandato a los poderes públicos para que promuevan las condiciones y dicten la normativa que sea necesaria” para efectivo el acceso, consagrar “la supremacía del interés público en la regulación del uso del suelo”, redistribuir “el poder entre los distintos niveles de gobernanza territorial” y garantizar los elementos que son “transversales a diversos derechos sociales y que tienen una relación intrínseca con el derecho a la vivienda”.

Por último, para fortalecer el derecho a la educación, los autores del documento solicitan considerar que el Estado garantice no solo la gratuidad y obligatoriedad de la educación escolar, sino que avance en otros principios expuestos en la Ley general de educación y de inclusión, así como también que el Estado garantice la provisión mixta de la educación y los mecanismos de diálogo.

Al despedirse, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón accedió a firmar dos banderas mapuches que serán entregadas a familiares de la dirigente social de Lo Barnechea, Melany Salas y de la alumna del colegio Betania de La Pintana, Francisca Prat. “Somos nietas de mapuches y es un orgullo que nuestro pueblo originario esté tan bien representado cuando queremos cambiar el país”, señaló Francisca.

Para la Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo la nueva Constitución debe ser una verdadera casa común para todos y no una causa de divisiones. 

Las propuestas constitucionales del informe serán presentadas el próximo 30 de septiembre en un seminario transmitido por UAHTVvDigital y expuestas en sesión ampliada de la comisión “Descentralización, equidad y justicia territorial” de la Convención Constituyente.

Ver documento Constitución y Pobreza. Apuntes para una Constitución inclusiva

 

 

 

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