La desigual competencia entre establecimientos municipales y particulares, la pérdida progresiva de matrícula de los primeros y los efectos que para una sociedad genera un sistema de educación nacional y público, fueron parte de la discusión del segundo seminario de Ciclo de Diálogos sobre el Futuro de la Educación Chilena, organizado por la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado.
La educación pública está en crisis, así lo demuestran las cifras y así también lo afirmaron los expertos Cristián Bellei, Dagmar Raczynski y Gabriel Gutiérrez durante el segundo seminario de Ciclo de Diálogos sobre el Futuro de la Educación Chilena que se realizó el pasado 5 de junio en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Bajo el llamado “Educación Pública ¿fin al ciclo de la municipalización?”, los organizadores de este encuentro – CEPPE de la Universidad Católica, CIAE de la Universidad de Chile y la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado- centraron esta segunda jornada de debate en el problema que ha estado en el centro de las reivindicaciones estudiantiles de este último tiempo: la educación pública, con el objetivo de marcar las prioridades que debieran guiar la política educacional del próximo gobierno.
“Resolver la educación pública implica resolver el problema de la educación chilena. Es imposible tener una educación pública renovada y potente, manteniendo el tipo de arreglos institucionales que actualmente tenemos dentro de nuestra educación escolar. Por ejemplo, el financiamiento compartido es un elemento central para acentuar la crisis de la educación pública” enfatizó Juan Eduardo García- Huidobro, investigador del CEPPE y académico de la Universidad Alberto Hurtado, quien dio inicio a la jornada.
El investigador del CIAE de la Universidad de Chile Cristián Bellei, mostró el fuerte desplome que presenta la educación pública entre 1981, cuando se crea el sistema de subvención a la demanda, y el 2011. “A lo largo del siglo XX, la educación pública se movió entre un 85 y 75% de cobertura, y entre un 15 y 30% era privada. Pero claramente las reformas de mercado tuvieron un efecto gigantesco, generando el desplome de la educación pública. Hoy en día la educación pública es la mitad –proporcionalmente- desde que se creó el sistema de subvención”, destacó.
Para el académico, el problema es la falta de convicción que tienen los líderes del país en la educación pública, y por ello es importante corregir el error conceptual que existe sobre ésta: “No es aquella financiada por Estado, sino aquella de propiedad o gestión estatal, pero no está definida por sus recursos”, explicó. “No es sólo para educar al que no puede pagar, no es la educación para los pobres ni un proyecto caritativo”. Según Bellei, el aporte de la educación pública, por el que se debe promover su fortalecimiento, está basado en cinco propósitos: el desarrollo de proyectos educativos de interés colectivo para el desarrollo nacional o local, garantizar el pluralismo asegurando la existencia de una educación no particularista o excluyente; garantizar el derecho universal a la educación obligatoria y gratuita (geográfica y socialmente), establecer un estándar práctico de calidad para el conjunto del sistema educacional, y promover la equidad educativa y social, y la integración social de los estudiantes.
La socióloga Dagmar Raczynski, fundadora de Asesorías para el Desarrollo, expuso en su turno que la educación pública “es un imperativo ético y necesario para el interés general del país, ya que forma en valores y asienta las bases cognitivas y conductuales de la ciudadanía, expresa y fortalece la pertenencia a una sociedad, y contribuye a la formación de capital humano, al desarrollo económico y a la cohesión social”. La socióloga explicó que una vez lograda la masificación en la cobertura del sistema, existen ventajas de descentralizar la educación, principalmente porque el foco está puesto en la mejora de la calidad de la educación. “La evidencia de la experiencia internacional demuestra las ventajas de contar con un nivel intermedio. Entre ellas, contextualizar la política y el proceso educativo aumentando su pertinencia para los alumnos, las familias y la realidad local, construir relaciones más estrechas entre las escuelas, las familias y la comunidad, y movilizar recursos locales para fortalecer la enseñanza”, profundizó.
Por su parte, Gabriel Gutiérrez del Centro de Políticas Públicas de la UC, recordó la encuesta CEP de junio de 2011 en la que se le consultó a los padres si frente a igual costo de matrícula y aproximadamente igual distancia, preferirían un colegio particular subvencionado a una escuela o liceo municipal, debido a que ya existe una idea instalada en la sociedad chilena respecto a la mala calidad de la educación pública. Gutiérrez sostuvo que el prejuicio se alimenta de varios factores simultáneos, como un sistema deslegitimado, (que obtiene bajos resultados), aunque no sean sustantivamente diferentes al sistema particular subvencionado. También impactan negativamente las heterogéneas formas de gestionar la educación, los aportes adicionales de los municipios, que los municipios carecen de atribuciones en lo pedagógico y que la calidad de la gestión está sujeta a la voluntad de la autoridad de turno. “Existen desiguales condiciones de competencias entre municipales y particulares subvencionados” explicó. Gutiérrez planteó que en materia de principios, lo que el gobierno local y central deberían hacer es promover ante todo el foco en el aprendizaje de los estudiantes, así como un fuerte vínculo con lo local. Exigir responsabilidad por resultados, con una mirada de largo plazo que no dependa de los ciclos gubernamentales y supervisados por un organismo técnico con un alto grado de especialización serían otros factores a considerar, sostuvo.