Yasna Otarola, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, participó en un encuentro internacional convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), centrado en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el pasado 24 de julio.
La actividad reunió a académicos y académicas de Chile y otros países con el propósito de analizar y presentar observaciones al documento de posiciones elaborado por el ACNUDH. Esta instancia forma parte de la estrategia impulsada por Naciones Unidas para promover reformas normativas que avancen hacia un modelo de toma de decisiones con apoyo, en conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observación General n.º 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde una perspectiva académica, la participación de la profesora Otarola se da en el contexto del reconocimiento del rol que desempeñan las Facultades de Derecho en el análisis y elaboración de propuestas jurídicas vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad. Sus aportes pueden contribuir a la formulación de un estatuto orgánico que permita reformar el Código Civil y otros cuerpos legales relevantes desde un enfoque de derechos humanos.
Durante el encuentro se destacó la relevancia del reconocimiento de la capacidad jurídica como una condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la inclusión social. Este principio establece que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, tienen derecho a ser titulares de derechos y a ejercerlos en igualdad de condiciones con los demás.
El tránsito hacia este enfoque implica dejar atrás el modelo de sustitución de voluntad para avanzar hacia uno basado en la autonomía y el respeto a la voluntad y preferencias de las personas, incorporando los apoyos necesarios para la toma de decisiones. Reconocer la capacidad jurídica permite a las personas con discapacidad ejercer derechos como votar, celebrar contratos, administrar bienes o decidir sobre su salud, fortaleciendo así su autonomía y dignidad como sujetos activos dentro de la sociedad.