Fuente: El Mostrador
Desde el mismo 4 de marzo de 2016, en que se promulgó la ley que creó el sistema de desarrollo profesional docente (Nº 20.903), comenzó la discusión sobre la viabilidad de los requisitos por ella establecidos para estudiar pedagogía. Que, como sabemos, irían escalando hasta su total vigencia, prevista para 2023.
Cada año, cuando se acercaba la fecha de implementación, se iniciaba nuevamente el debate, creciendo en intensidad a medida que los requisitos eran más altos y los plazos más cortos, debido al riesgo de que las salas de clase quedaran vacías.
También cada año se ha postergado su aplicación, gracias a sucesivas modificaciones legales (2019, 2022, 2023 y 2025). Y es probable que este no constituya una excepción, ya sea que se apruebe el proyecto presentado por el Gobierno, o se haga a través de la ley de reajuste del sector público, como en ocasiones anteriores.
No cabe duda que discutir sobre las exigencias de ingreso a la formación inicial docente es fundamental. Pero tampoco hay duda de que ello es solo una parte de la discusión y, tal vez, ni siquiera la más sustantiva. Para abordar un tema de esta envergadura, si se pretende trascender la mera contingencia, se deben considerar, al menos, otros dos: la oferta de formación pedagógica y la carrera profesional.
La provisión de carreras de pedagogía fue, como toda la educación superior, entregada al mercado en la década del 80. Al punto que ni siquiera se les dio estatus exclusivamente universitario. Este fue repuesto con la dictación de la LOCE en 1990. Su acreditación se hizo obligatoria en 2006, pero sin efecto alguno en caso de un resultado adverso. En 2016, la propia Ley de Carrera Docente consideró por fin consecuencias vinculantes, pudiendo llegar al cierre de la carrera respectiva.
Producto de esta deriva regulatoria, ha existido una fluctuación de la oferta que poco o nada tiene que ver con los requerimientos educativos de un “proyecto país”, sino más bien con motivaciones individuales de quienes querían o podían estudiar, y de algunas instituciones que vieron en ella una fuente de ingresos.
Así pasamos de algo más de 27 mil matriculados en pedagogía hacia 1990, a alrededor de 146 mil en 2012, para luego caer a menos de 120 mil en 2025. Entre 2015 y 2022, los programas decrecieron 21%. La principal baja de la oferta de vacantes se encuentra en el sector privado no perteneciente al CRUCH, que se retrotrajo a valores de inicios de la década del 2000. ¿La razón? Probablemente las nuevas exigencias de calidad y acceso, que hacen inviable o poco rentable continuar dictando dichas carreras.
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