Fuente: La Tercera.com
A más de 49 años de la ocurrencia del golpe de estado de 1973, entre quienes formamos parte de esta sociedad herida por la cruenta dictadura cívico militar que nos afectó en el pasado reciente, pervive una interrogante que nos acompaña sin, hasta ahora, una respuesta seria, cierta y consistente por parte del Estado. “¿Dónde están?” es la pregunta que los familiares de las víctimas de desaparición forzada del referido periodo han instalado en nuestro consciente colectivo, la que, por ética y por derecho, debemos responder.
No podemos aceptar que las familias de dichas víctimas no tengan una respuesta ante tal aberrante fenómeno vivido. No pueden seguir sufriendo un dolor que se extiende y perdura en el tiempo. Buscar a las víctimas de desaparición forzada es un deber jurídico, en estricto sentido, para nuestro Estado, establecido en las convenciones temáticas que ha suscrito y ratificado Chile, y que se encuentran vigentes, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de protección de derechos humanos; deber que, por cierto, también deviene de otras fuentes jurídicas que obligan al Estado.
En Chile, siguen existiendo más de 1.100 personas que han sido víctimas de desaparición forzada, cuyos restos al día de hoy aún no han sido encontradas. Personas, seres humanos cuyas familias vieron salir de sus hogares y que, por la acción criminal de agentes del Estado, nunca más volvieron. No sabemos cabalmente qué les pasó, cuál fue el derrotero criminal que siguieron, cuál es su paradero y/o destino, y cuál fue su destino final.