Fuente: Ciper
El discurso de la movilidad educativa no se condice con la estructura legal que rige el sistema de educación superior. La ausencia de un marco sistémico de articulación impide el acceso real a la formación continua y al aprendizaje a lo largo de la vida.
Desde hace más de tres décadas, Chile reconoce la necesidad de promover trayectorias formativas continuas. Sin embargo, el sistema de educación superior sigue funcionando como un conjunto de compartimentos estancos. Aunque el discurso oficial —y la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior (2018)— invoca la articulación y las trayectorias formativas como principios rectores, la realidad es que son insuficientes los mecanismos efectivos que las hagan posibles.
La rigidez estructural del sistema impide que una persona que inicia su formación técnica pueda avanzar sin obstáculos hacia niveles superiores. Y más grave aún, la falta de reconocimiento de aprendizajes previos bloquea la posibilidad de que la experiencia laboral, la capacitación, u otras instancias formativas sean valoradas dentro de la trayectoria educativa flexible.
En Chile, la flexibilidad curricular dista de ser una práctica en las instituciones. La fragmentación normativa, la falta de instrumentos operativos y los desincentivos financieros componen un sistema que desfavorece la movilidad educativa.
Mientras no exista una política pública robusta y coherente que integre la articulación como parte de la estructura del sistema —y no como excepción—, la educación a lo largo de la vida seguirá siendo un ideal.
Superar esta rigidez requiere una decisión política clara: pasar del discurso a la arquitectura institucional. Solo así Chile podrá construir un sistema de educación superior que no embotelle a las personas en trayectorias únicas, sino que les permita aprender, avanzar y reconvertirse a lo largo de toda su vida.
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