Miriam Henríquez: “El caso Crisóstomo es un posible descarrilamiento en nuestro sistema de constitucionalidad”

Fuente: La Tercera

En días en que la contienda presidencial absorbe por completo la discusión pública, pasó casi inadvertido un episodio significativo de tensión entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema (CS), surgido a propósito del caso Crisóstomo.

El caso se originó en 2024, cuando la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud de desafuero del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo. El Ministerio Público apeló esa decisión, lo que planteó una cuestión jurídica relevante: ¿ puede la fiscalía apelar cuando el desafuero es rechazado?

El gobernador sostuvo que el artículo 124 inciso 6° de la Constitución permite apelar únicamente la resolución que acoge el desafuero y dedujo un requerimiento ante el TC para que declare inaplicable el artículo 418 del Código Procesal Penal (CPP) que autoriza la apelación sin distinguir el tipo de resolución en esta materia. En septiembre de este año, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento (con empate de votos). De modo que el precepto legal del CPP podía ser aplicado por la Corte Suprema para resolver la apelación del Ministerio Público.