Fuente: El País
La cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua, con la consecuente confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles, es la última estocada dentro de una serie de acciones concertadas por el régimen de Ortega-Murillo en contra de sus opositores, sean lideres políticos, miembros de la sociedad civil o cualquier persona que pueda socavar su poder, frenar los atropellos y defender la dignidad humana.
Este acto fue precedido por la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) con sede en Managua, el cambio de su nombre y la designación de nuevas autoridades en la universidad jesuita. Básicamente, su usurpación. Este acto, hace parte de las otras 26 universidades previamente cerradas y del ataque masivo contra cientos de ONG eliminadas.
La persecución de los opositores políticos, el exilio masivo de autoridades eclesiales, culturales y sociales, los tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018, nos indica sin equívocos que estamos frente a una dictadura que se vuelve cada día más totalitaria y que no reconoce límite alguno en su afán de hacerse del poder total.
Le tocó ahora a la Compañía de Jesús. Era previsible, pues junto con la Iglesia Católica, la orden religiosa ha sido muy activa en Centroamérica en la defensa de la dignidad humana. Ha levantado la voz por las injusticias, por el medio ambiente, por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos indígenas, etc. Ha sido una voz valiente, coherente y creíble. Y como parte de la Iglesia Católica no es de extrañar esta medida cuando el obispo de Matagalpa está encarcelado y ha sido condenado a 26 años de prisión al negarse a abandonar Nicaragua para estar junto a su pueblo.
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