Fuente: CNN
A diez meses de la entrada en vigencia de la Ley Karin, las denuncias por acoso laboral y sexual superan las nueve mil solo en el sector privado, y el 70% de ellas provienen de mujeres. En conversación con CNN Chile, Victoria Martínez, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, analizó los avances y nudos críticos de la normativa.
“La denuncia puede hacerse internamente en la empresa o directamente en la Inspección del Trabajo. Son las y los trabajadores quienes deciden dónde denunciar”, explicó Martínez, señalando que en casos que involucran a superiores jerárquicos suele ser más conveniente acudir a la autoridad laboral.
Respecto a los plazos, detalló que la ley establece investigaciones de 30 días y otros 30 para la evaluación del informe, pero que “estos plazos no se están cumpliendo por la sobrecarga de la Inspección del Trabajo”. A eso se suma que “la ley creó nuevas obligaciones, pero no aumentó la dotación ni el presupuesto”, lo que ha extendido la duración de los procesos.
Uno de los principales desafíos ha sido el alto volumen de denuncias que no calzan con la definición legal. “Hubo una sobredenuncia que probablemente se deba a expectativas excesivas respecto de lo que regula la Ley Karin”, señaló. Pese a ello, ya existen casos resueltos por la Inspección.
La académica también enfatizó la necesidad de fortalecer la información disponible para trabajadores y empleadores. “Aquí hay un deber de los empleadores de informar y capacitar sobre estos temas, y debe fiscalizarse que eso ocurra”, dijo. Además, destacó como innovación que la ley incorpore acompañamiento en salud mental a través de las mutuales de seguridad.
Sobre la caracterización del acoso laboral, Martínez explicó que la principal novedad es que “ya no se requiere que la conducta sea reiterada: una sola vez puede bastar si causa menoscabo o afectación física o mental”. Pero subrayó que no todo conflicto laboral califica como acoso: “Un jefe puede pedir plazos o corregir un trabajo; eso no es acoso. Sí lo son los gritos, malos tratos o intromisiones inapropiadas”.
En el caso del acoso sexual, afirmó que hay mayor claridad: “El acoso sexual siempre es grave, siempre tiene connotación sexual y no hay consentimiento”.
De cara al primer año de la ley, Martínez sostuvo que los datos serán clave para diseñar políticas públicas más efectivas. “La conclusión hasta ahora es que efectivamente hay un problema de violencia de género en el trabajo”, señaló, identificando como sectores críticos a educación, salud y transporte.
Finalmente, advirtió desafíos adicionales en el sector público, donde la implementación ha sido lenta. “El desafío es evaluar con datos qué no está funcionando, tanto en prevención como en investigación y sanción”, concluyó.
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