Irene Salvo, Doctora en Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Académica de la Facultad de Psicología UAH.
Irene Salvo, Doctora en Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Académica de la Facultad de Psicología UAH.
Luego de un proceso que permitió que la Universidad Alberto Hurtado fuera parte del Registro de Organizaciones de la Defensoría de la Niñez, la académica postuló como representante de la institución, siendo designada en función del análisis de sus antecedentes.
Según comentó la Dra. Salvo Agoglia, “se trata de una importante oportunidad de transferencia e incidencia de la academia en espacios de construcción intersectorial de política públicas en torno a la infancia chilena, particularmente, en una institución pública en la que es central la participación activa de las niñas y niños en los procesos que les afectan directamente”, sostuvo.
Asimismo, la docente añadió que “es una responsabilidad grande, y al mismo tiempo, un privilegio representar a nuestra Universidad, considerando que es tan clave que una institución académica con nuestra misión y visión se vincule más estrechamente a temáticas y problemáticas ligadas al campo de la infancia, comprometiéndose con los desafíos y transformaciones requeridas”.
Este Consejo Consultivo está compuesto por 13 miembros de diversas organizaciones de niños, niñas y adolescentes, de la sociedad civil y de las Universidades reconocidas por el Estado y acreditadas. Según el proceso establecido en la Ley y los Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de la Niñez, junto con el Reglamento del Consejo Consultivo, los integrantes de este Consejo asesoran y apoyan el trabajo institucional de la Defensoría de la Niñez en favor del irrestricto respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Los miembros del Consejo duran dos años en sus cargos y no podrán ser reelegidos inmediatamente. Su labor posee carácter no vinculante y su finalidad es asesorar a la institución estatal, así como mediar en todos los asuntos en los que se requiera la opinión de la sociedad civil, y/o elaborar y recibir propuestas de intervención o acción de la Defensoría de la Niñez.