Una cosa es tener un camino hacia una nueva Constitución diseñado desde la institucionalidad (partidos y Congreso) y otra es su legitimidad (apoyo). Esta última se juega (aún es tiempo) en la apertura de la convención a cuatro asuntos claves: independientes, paridad entre mujeres y hombres, representación de los pueblos indígenas y la incorporación de mecanismos de participación pública incidente.
He señalado en distintas oportunidades que sólo tendremos una nueva Constitución si se cumplen dos requisitos: la existencia de acuerdos políticos amplios y de legitimidad social. El primero, se refiere a la necesidad que la mayor cantidad de actores políticos (Congreso y Gobierno) expresen su voluntad en favor de una nueva Constitución y de avanzar hacia ella. El segundo, tiene un doble alcance. Por un lado, se requiere que la ciudadanía acepte el acuerdo político amplio y apoye la fórmula propuesta en éste; y por otro, la existencia de mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de elaboración de la nueva Constitución.
El primer requisito ha quedado bastante firme con el unánime acuerdo de la comisión técnica de representantes de los partidos políticos. Por primera vez en 40 años, tenemos coincidencia en el eje derecha-izquierda sobre la necesidad de una nueva Constitución y en el camino para su concreción. El acuerdo del 15 de noviembre fue ratificado, desarrollado y complementado por la comisión. Tenemos una senda con momentos de inicio y término (dos plebiscitos) y una regulación mínima de la convención constitucional. La comisión propuso un mix de reglas y libertad para los convencionales. Quiso asegurar el resultado: si se sigue el derrotero propuesto, tendremos nueva Constitución. Ese es el gran mérito de lo logrado.
Pero, aunque el acuerdo es un paso firme a la finalidad buscada, el segundo requisito -la legitimidad social- es aún precario. Una cosa es tener un camino hacia una nueva Constitución diseñado desde la institucionalidad (partidos y Congreso) y otra es su legitimidad (apoyo). Esta última se juega (aún es tiempo) en la apertura de la convención a cuatro asuntos claves: independientes, paridad entre mujeres y hombres, representación de los pueblos indígenas y la incorporación de mecanismos de participación pública incidente. Los primeros son quienes han sostenido la movilización ciudadana y el momento constituyente. Lo segundo es establecer la justa representación de lo que es nuestra sociedad (51% mujeres). Lo tercero es una deuda de nuestra conformación como Estado y del pacto constitucional fundante, y la última, es la única forma de relegitimar nuestra democracia.
Para explicar lo anterior, comparar la actual situación con el plebiscito de 1988 es la mejor forma. Algunos actores e influyentes han afirmado que se debe recuperar la mística de aquel año. Esa afirmación es 100% correcta. Pero la mística debe responder a un contexto político y social que la genera. Para llegar al triunfo del No en 1988, y luego de la etapa de movilización social, los partidos políticos fueron los actores centrales y catalizadores de la esperanza de millones de personas. La ciudadanía se veía reflejada en ellos como expresión de la diversidad y depositó su confianza.
Hoy estamos en otro Chile. Negarlo o ignorarlo es un error. Existe una separación y distancia bastante profunda entre la ciudadanía y los partidos. Pareciera que la sociedad va por un carril y los partidos por otro, y estos no confluyen (así lo dicen las personas en foros y cabildos en que he participado). Esto obedece a la crisis mundial y local de la representación, a la falta de confianza en las instituciones, el bajo apoyo al Congreso y Gobierno, pero también a una ciudadanía activa y que se relaciona de manera horizontal (no vertical) con sus representantes. Esto nos obliga a buscar una nueva forma de relacionamiento, siendo urgente hacerlos confluir y reconectar. El proceso constituyente debe ser «junto con los partidos» y no «sólo de los partidos». Los partidos deben ser un «canalizador» de la ciudadanía, y no arrogarse toda la catalización (agrupación de las fuerzas) de ella.
En definitiva, la ciudadanía espera que la convención no sea solo una mera réplica del Congreso, sino que la mayor diversidad posible esté reflejada en ella. Esto exige la apertura del proceso constituyente a los cuatro elementos señalados más arriba. Si no lo hacemos, pasará que al final tendremos una convención ordenada y sometida a límites que a todos nos den seguridades, con un plebiscito de entrada y una elección de convencionales, pero donde voten los mismos que lo hacen desde 1990, que en aquellos años representaba el 90% del padrón electoral y hoy al 35%. Al final, debemos evitar que sea una convención entre nosotros mismos, entre los mismos de siempre. En esto se juega su éxito.
Tomás Jordán, académico Facultad de Derecho UAH
Publicado en La Tercera.com