Fuente: Le Monde Diplomatique
En Chile, hablar de suicidio adolescente y universitario es hablar de un espejo roto de la sociedad. Un espejo que refleja un país donde la salud mental ha sido históricamente relegada, encapsulada en cifras, protocolos y manuales clínicos que poco dialogan con la experiencia vital de quienes, al borde de la desesperación, buscan desaparecer. La paradoja es brutal: mientras los programas nacionales de prevención del suicidio —como el PNPS de 2013— exhiben metas y estrategias intersectoriales, los adolescentes siguen siendo la segunda población con más muertes por esta causa.
El discurso oficial tiende a insistir en la “detección temprana”, la “intervención oportuna” y la “vigilancia epidemiológica” como si el sufrimiento psíquico fuese solo un fenómeno clínico a rastrear. Sin embargo, la vida de los jóvenes muestra otra textura: angustias difusas, vacíos imposibles de nombrar, contextos de violencia familiar, precariedad laboral de sus padres y un modelo cultural que exige “ser alguien” a costa de la autoexplotación.
El sufrimiento psíquico como síntoma social
David Le Breton (2016) ha señalado que, para muchos adolescentes, el suicidio no es tanto la búsqueda de la muerte sino un intento de “desaparecer”. Dormir sin despertar, suspenderse del peso insoportable de la identidad y las exigencias sociales. No es el final lo que buscan, sino un intermedio: un paréntesis frente a la asfixia de un presente que se percibe interminable. Ese malestar no nace de la nada. La modernidad líquida descrita por Bauman y la presión del capitalismo tardío en Chile generan un escenario donde el yo debe reinventarse de manera constante, competitivo, flexible, eficiente. El adolescente —y también el universitario— es arrojado a un mundo que le demanda éxitos inmediatos, cuerpos moldeados, trayectorias académicas sin tropiezos, mientras la precariedad laboral y la incertidumbre económica reducen toda perspectiva de futuro. ¿Cómo no sentirse sitiados cuando el horizonte se limita a sobrevivir la semana?
El modelo gubernamental: burocracia de la prevención
El Estado chileno ha impulsado planes de salud mental desde 1993, con énfasis comunitario y enfoque biopsicosocial. Sin embargo, en la práctica la prevención del suicidio sigue atrapada en una lógica burocrática: programas con financiamiento insuficiente, metas de reducción en porcentajes, evaluaciones cuantitativas sin traducción real en las vidas de los jóvenes. El Programa Nacional de Prevención del Suicidio, por ejemplo, planteó disminuir un 15% las tasas de suicidio adolescente al 2020 . Más allá de la meta incumplida, lo crítico es la ceguera ante el trasfondo estructural: desigualdad social, violencia simbólica y falta de espacios de acompañamiento genuino. Se instala así una paradoja: se trata el suicidio como un fenómeno estadístico, pero no se confrontan las condiciones sociales que lo incuban.
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