Fuente: Cooperativa
El recrudecimiento de los hechos delictivos en el país —desde los funerales de alto riesgo hasta los turbazos y homicidios cada vez más complejos de investigar— revela una mutación en la criminalidad que desafía a la institucionalidad chilena. Así lo advirtió Carlos Guajardo, máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, y director del Diplomado en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en entrevista con Radio Cooperativa.
“La evolución del delito es un fenómeno normal: cuando surgen nuevas oportunidades de mercado, tecnologías o condiciones económicas, los delitos se transforman”, señaló Guajardo. No obstante, recalcó que hoy la situación es distinta a décadas anteriores, especialmente en el caso de los homicidios. “Más del 50% de los homicidios en Chile tienen un imputado desconocido. Antes estaban vinculados a riñas o violencia intrafamiliar, hoy son expresión de crimen organizado”, puntualizó.
Para el académico, este cambio genera un desafío doble: a las policías en el control del delito en terreno y al sistema judicial en su persecución penal. A ello se suma el sistema penitenciario, donde los vínculos con organizaciones criminales complejizan aún más el escenario.
Si bien reconoció avances como los allanamientos masivos, la creación del Ministerio de Seguridad, el fortalecimiento del Ministerio Público y el trabajo de las policías y Gendarmería, Guajardo fue enfático en que “estos no pueden seguir considerándose éxitos aislados, sino que deben ser parte de la normalidad institucional. Si seguimos celebrando excepciones, significa que algo no está funcionando”.
El criminólogo advirtió además que la falta de claridad en las competencias de las instituciones sigue debilitando la política pública: “Un municipio que enfrenta problemas de seguridad no sabe a quién recurrir, si al delegado presidencial, al gobernador, al Ministerio de Seguridad o a Carabineros. Necesitamos definir cómo queremos abordar los problemas de seguridad y hasta dónde llegan las responsabilidades de cada institución”.
En este sentido, llamó a construir acuerdos políticos que permitan enfrentar problemas estructurales como la situación en la frontera norte. “La migración irregular ha expuesto a niños y adolescentes a trata y explotación sexual. No se trata solo de cerrar fronteras, sino de tener una política migratoria que prevenga este tipo de vulneraciones”, explicó.
Consciente de que la delincuencia es un fenómeno en constante mutación, Guajardo insistió en que se requiere pasar de los diagnósticos a la acción: “Llevamos años hablando de seguridad como política de Estado, pero ha quedado en un eslogan. El desafío hoy es concretar acuerdos y ejecutar medidas sostenidas en el tiempo”.
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