Fuente: Revista El Sábado de El Mercurio
—¿Qué le pareció la respuesta del Papa a Trump?
Cristián del Campo, sacerdote jesuita, ingeniero comercial de la Universidad Católica, con un MBA del Boston College, donde también cursó un Máster Canónico, y rector de la Universidad Alberto Hurtado, responde corto y claro:
—Impecable. Habló por millones.
Dice que no están los tiempos para que los sacerdotes evadan ningún tema
—Por su trabajo, usted comparte con muchos jóvenes. Con su experiencia, ¿por qué cree que están pasando hechos como el del estudiante de Calama que mató a una inspectora, o lo que se vio después, jóvenes que inventan que va a haber un tiroteo en su colegio para perder clases?
—Conviene separar las cosas. Lo de Calama es un caso extremo: un joven con un diagnóstico severo de salud mental, aislado, que planificó un ataque durante meses. Hubo señales que no se leyeron o que el sistema no supo atender. Es un fracaso colectivo. Las amenazas falsas son otro fenómeno: imitación, viralización, adolescentes que no dimensionan lo que significa paralizar un colegio o una universidad con un mensaje. Pero ambas situaciones comparten un contexto: jóvenes que crecieron en pandemia, con vínculos debilitados y un sistema de salud mental francamente insuficiente. Muchas redes de contención se han desarmado y ahora no podemos esperar que un colegio resuelva solo lo que es un problema de toda la sociedad.
—¿Qué opina de los cambios que está proponiendo el Gobierno: pórticos en los colegios, poder revisarles la mochila?
—Hay medidas que pueden ser de ayuda para promover espacios más seguros para todos. Pero no podemos convertir la escuela en un espacio de control policial, porque tiene un costo educativo que no es menor.
—A partir de lo que pasó con la ministra Ximena Lincolao, ¿es partidario de cancelarles la matrícula a esos alumnos?
—Las universidades tenemos reglamentos y debido proceso, y por esa vía se determina qué corresponde en cada caso.
Si la investigación acredita incumplimientos graves a esos reglamentos, la expulsión es una sanción posible.
—¿Y quitarles la gratuidad?
—Es una discusión compleja. Aunque pueda haber razones legítimas para considerarlo, hay más para ser cautelosos. No solo me parece una medida compleja de implementar en la práctica, sino que usar la gratuidad como sanción disciplinaria mezcla una lógica punitiva con una lógica de política pública, que aspira a que el origen socioeconómico no determine el acceso a la educación.
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