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Fuente: LUN Según explica el doctor en Economía Eduardo Saavedra, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Alberto Hurtado y exministro de Tribunal de Defensa de […]
Fuente: LUN
Según explica el doctor en Economía Eduardo Saavedra, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Alberto Hurtado y exministro de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cambio de la legislación de defensa de la libre competencia realizado en 2016 genera un nuevo escenario persecutorio, tanto para las tres empresas requeridas, como para los cinco ejecutivos acusados en la colusión de los casinos.
“Son varias las cosas que se arriesgan. La primera, y que solicitó la FNE, es la caducidad de la concesión, lo que haría que se relicite todo de nuevo. Luego vienen las multas para las empresas, pero también para los ejecutivos que están acusados. Lo que pasa es que en este caso aplicará el cambio legal que se hizo en 2016, en el que quedó claro que además del juicio administrativo, que solo puede dar multa, no cárcel, el Fiscal Nacional Económico ahora tiene la potestad de ir a la justicia penal y pedir cárcel para los requeridos”, explica Saavedra.
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