Fuente: Radio Biobío
A casi un año de la polémica por los $17 millones que percibía la exministra de Educación Marcela Cubillos como docente en la Universidad San Sebastián, el Ministerio de Educación fijó un nuevo estándar de transparencia para las universidades privadas: informar, en el plazo de una semana, todas las remuneraciones que superen los $8 millones mensuales.
El requerimiento —que vence el 5 de agosto— se enmarca en la Ley de Presupuestos 2025, tras las dudas generadas por el uso de fondos estatales. La instrucción apunta a evitar que se repitan casos como el de Cubillos y busca reforzar el control sobre el gasto en instituciones que reciben recursos públicos.
Sin embargo, la medida ha generado resistencias en el sector. Algunas universidades advierten que el plazo es acotado y que la obligación podría tensionar la autonomía institucional.
Enrique Rajevic, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado, manifestó el compromiso de la institución con la rendición de cuentas, pero cuestionó el alcance de la exigencia. “Pensamos que la transparencia del sistema universitario requiere de una discusión más amplia y profunda que la que generaron estas causas presupuestarias, que son temporales, y que debería llevarnos a generar estándares legales claros”, sostuvo.
Desde el Mineduc aseguran que la instrucción es un paso inicial hacia mayores exigencias de transparencia, mientras el debate sobre la regulación del sector privado de la educación superior sigue abierto.
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