Miriam Henríquez: “Si bien hay autonomía universitaria, no es inmune al vaivén político”

Fuente: La Tercera

La administración del Presidente Donald Trump ha reinstalado un problema que parecía superado: la subordinación política de las universidades. La reciente revocación del permiso a la Universidad de Harvard para matricular estudiantes extranjeros, el congelamiento de fondos públicos, las auditorías ideológicas y la reforma del sistema de acreditación con criterios sesgados, son una amenaza directa al pluralismo, a la libertad académica y a la autonomía universitaria, incluso de instituciones privadas de excelencia.

Estas acciones no solo vulneran los principios y derechos mencionados, sino que contravienen los estándares constitucionales desarrollados por la propia Corte Suprema de Estados Unidos. En casos emblemáticos como Sweezy v. New Hampshire (1957), el juez Frankfurter advirtió que “una sociedad libre depende de universidades libres”, resaltando que la interferencia estatal en la enseñanza es incompatible con una democracia funcional. Luego, en Keyishian v. Board of Regents (1967), el máximo tribunal reafirmó que la libertad académica es una garantía reconocida en la primera enmienda de la Constitución, pues sin ella no hay libertad de expresión. En Grutter v. Bollinger (2003), sostuvo que la autonomía de las universidades en las decisiones académicas, por ejemplo, a quién admitir o con cuál método enseñar, merece una especial deferencia constitucional por su rol en el debate democrático. En síntesis, estas resoluciones judiciales confirman que las universidades tienen derecho a decidir, con base en criterios académicos, quién puede enseñar, qué se puede enseñar, cómo debe enseñarse y quién puede ser admitido para estudiar.