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Renta Única Universal

El Gobierno presentó un nuevo paquete de medidas socioeconómicas que buscan ir en ayuda directa de las familias del Registro Social de Hogares. A pesar de la propuesta de la oposición de una Renta Única Universal, el Ejecutivo optó por un ingreso de emergencia ampliado. Carolina Rojas, académica del Departamento de Trabajo Social, analiza los alcances de estas ayudas.

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Fuente: Elmostrador.cl

Las demandas que emergieron durante el estallido social en 2019 revelaron, en particular, una inconformidad ciudadana con las formas focalizadas e individualizantes de servicio, protección y seguridad social. Esto ha conducido a un debate en torno a la continuidad del modelo actual de Estado subsidiario y a la consolidación de sistemas de clasificación socioeconómica para la entrega de una asistencia social precaria y servicios sociales de baja calidad. En marzo del 2020, justo cuando se veía venir una segunda oleada de protestas, se desata en Chile la crisis sanitaria por el COVID-19. Es decir, Chile debió enfrentar esta crisis en crisis

La crisis sanitaria y las medidas para controlarla han tenido efectos socioeconómicos gravísimos en las vidas de los chilenos y las chilenas. Baja radical en los ingresos, crisis alimentaria, aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, viejos y jóvenes, hombres y mujeres. Hasta la fecha, las acciones gubernamentales para hacerle frente, además de insuficientes, han sido inorgánicas, coyunturales, condicionadas a la evolución del contagio y sospechosas de la real situación de precariedad de los hogares.

Ante esto, a nivel parlamentario, se han logrado acuerdos impensados previo al estallido de octubre 2019, que han permitido romper limitaciones constitucionales para que la ciudadanía acceda de manera universal e incondicional a recursos en la emergencia. Ejemplo de esto han sido los emblemáticos tres retiros del 10% de los fondos individuales de capitalización para la seguridad social gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aun cuando los retiros del 10% han sido definidos como medidas “extraordinarias”, justificándose en la insuficiencia de las medidas tomadas por el propio Gobierno, es un hito político a doble nivel. Por un lado, porque anclado en la demanda social, ratifica la posibilidad de quebrar políticamente barreras de la Constitución del 80. Pero, por otro lado y de modo más general, corre el límite de lo posible con relación a sopesar el valor e importancia de contar con políticas universalistas, no focalizadas…

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