Fuente: Le Monde Diplomatique
El 30 de agosto, en Chile y en el mundo, se conmemora el Día Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos, una fecha que no admite neutralidades ni silencios cómplices. Esta jornada nos recuerda que la desaparición forzada no es un hecho aislado ni una tragedia accidental, es un crimen de lesa humanidad, planificado, ejecutado y sistemáticamente encubierto por Estados que decidieron convertir la violencia en política de control y exterminio. Al instaurar en 2010 esta conmemoración, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la gravedad de una práctica que no pertenece únicamente al pasado, sigue vigente en diversas regiones del planeta, donde aún hoy se utiliza la desaparición forzada como mecanismo de terror, disciplinamiento social y represión de voces disidentes.
En Chile, la desaparición forzada constituye una de las expresiones más brutales del terrorismo de Estado implementado durante la dictadura civil-militar impuesta en 1973. No fue un exceso, no fue un error, no fue la acción de unos pocos, fue un mecanismo deliberado de aniquilación, articulado desde la Junta Militar y ejecutado por sus aparatos represivos, que buscaron instalar el miedo como forma de control, destruir el tejido social y erradicar a quienes consideraban “enemigos internos”. Cada detenido desaparecido representa una vida arrancada, un proyecto interrumpido y un horizonte de justicia cercenado. Detrás de cada ausencia persiste el sufrimiento de familias que fueron condenadas al dolor, a la incertidumbre y a la búsqueda incesante de verdad y justicia, arrastrando generaciones enteras en la memoria de la violencia y la impunidad.
A más de cinco décadas del golpe, las organizaciones de familiares, las agrupaciones de derechos humanos y sectores comprometidos de la sociedad civil han persistido en mantener viva la exigencia de memoria, verdad y justicia. Han debido luchar contra la negación, manipulación, encubrimiento, indiferencia y el pacto de silencio que persiste hasta hoy en quienes poseen información y se niegan a entregarla. Su lucha contra el olvido, la complicidad institucional y la lentitud de un Estado que ha optado demasiadas veces por la tibieza o el cálculo político en lugar de la justicia plena. El resultado es una democracia incompleta, atravesada por la herida abierta de las desapariciones forzadas.
Conmemorar este día en Chile significa denunciar con fuerza la impunidad, afirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y recordar que ningún proceso democrático puede asentarse sobre la mentira o la negación. Implica reconocer que la desaparición forzada es una memoria de dictadura y es una práctica que, en distintos contextos globales, sigue operando como estrategia de control y como instrumento del autoritarismo contemporáneo. Desde diversos lugares del mundo, la desaparición forzada sigue siendo un crimen actual, que revela la fragilidad de los derechos humanos cuando los Estados los subordinan a la violencia política.
Lee la columna completa <<<