María Teresa Rojas, directora del Doctorado en Educación UAH-UDP
Los gobiernos necesitan demostrar a la ciudadanía su efectividad constantemente para mantener sus niveles de adhesión. Esto es comprensible. Pero lo que está ocurriendo con el proyecto de Ley Aula Segura traspasa los límites de lo razonable, pues con la clara finalidad de ganar algunos puntos de rating el ejecutivo ofrece una ley que de manera alguna resuelve los problemas de fondo que promete regular.
En primer lugar, es una ley innecesaria. Ya existe una regulación para expulsar estudiantes por conductas violentas. La Ley de Inclusión Escolar del año 2015 modificó la normativa orientada a sancionar conductas de estudiantes a través de suspensiones y expulsiones. Entre otras, establece que dichas sanciones no podrán fundarse en discriminaciones arbitrarias hacia los y las estudiantes, a excepción de aquellas conductas que supongan daño a la integridad física y psicológica de la comunidad. En estos casos, y en atención a un proceso ajustado a los procedimientos que establezca el reglamento de convivencia del establecimiento, las autoridades sí pueden expulsar a un estudiante. En definitiva, los directores hoy día pueden expulsar alumnos que incurran en acciones violentas.
En segundo lugar, el mentado proyecto de ley Aula Segura se anuncia para combatir un tipo de violencia en un grupo de establecimientos muy reducido. Esta no es una realidad nacional ni menos aún masiva. Por lo demás, las comunidades escolares han manifestado su desacuerdo con ellos y los condena públicamente.
En tercer lugar, lo que ocurre en este reducido grupo de establecimientos excede con creces las competencias y posibilidades de las autoridades escolares. No se puede pretender que directores y profesores contengan, al interior de la escuela, expresiones de rabia, descontento y desafección que expresan un malestar mucho más profundo con el sistema social en su conjunto. La violencia que atenta contra la integridad de los miembros de la comunidad escolar no se puede resolver solamente con los manuales de convivencia, o acelerando los procesos de expulsión. El rol de la escuela es educar a niños, niñas y jóvenes, no enjuiciar actos delictuales. Para ello es preciso actuar mancomunadamente entre diversas instituciones, contar con el soporte de distintos profesionales y pensar en planes interdisciplinarios para la contención e integración de los jóvenes que incurren en actos violentos.
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