Fuente: La Tercera
Durante la última semana, el caso del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, generó inquietud por la posibilidad de generar un “choque de trenes” entre la Corte Suprema y el Congreso Nacional. Pero esa metáfora — con la que titulé mi columna anterior a propósito del Tricel y el TC —no es apropiada para describir esta situación.
Este caso se trata de dos trenes que corren por vías paralelas, con velocidades y reglas distintas. La Corte Suprema resolvió no remover al ministro Ulloa en el marco del proceso conocido como cuaderno de remoción, destinado a evaluar el buen comportamiento de los jueces. En una votación dividida, el Pleno del máximo tribunal determinó su permanencia en el cargo, al no reunir la mayoría necesaria para la destitución. Esta decisión ha sido ampliamente cuestionada y quienes la han criticado han puesto en duda la imparcialidad del Poder Judicial.
La acusación constitucional, en cambio, es un mecanismo que, respecto de los ministros de los tribunales superiores de justicia, no sanciona delitos ni faltas disciplinarias, sino su responsabilidad constitucional por notable abandono de deberes. Este proceso, de avanzar en el Senado, podría concluir en la remoción e inhabilitación del ministro Ulloa.
Así, son dos vías que no se cruzan. Sin embargo, la coincidencia temporal entre ambos procesos respecto del mismo juez fue interpretada como una colisión institucional. Esta percepción se intensificó por las declaraciones cruzadas de los últimos días. Por una parte, parlamentarios insinuaron que el sistema judicial estaría “protegiendo a los suyos”. De allí la respuesta de la Corte Suprema exigiendo respeto y reciprocidad en el trato entre los poderes del Estado.
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